El PP cree que es una norma "excluyente" que "requiere correcciones", mientras PSOE y PRC destacan que "supera" la concepción asistencial
SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento aprobó esta tarde la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, una norma que sitúa a la persona como "eje central" del sistema de servicios sociales y consagra la "universalidad, la equidad, la accesibilidad y la responsabilidad pública" en el acceso a los servicios. La ley "abandona las viejas ideas de beneficencia y asistencialismo" en favor del "reconocimiento de nuevos derechos de ciudadanía", según explicó la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Charo Quintana.
La norma, que ha sufrido algunas modificaciones en su tramitación parlamentaria con la incorporación de varias enmiendas, algunas de ellas esta misma tarde en el Pleno, ha sido aprobada en la Cámara por unanimidad en algunos de sus artículos y por mayoría en el resto. Así, tras el debate, que fue seguido por numerosos representantes de asociaciones de discapacitados y otros colectivos sociales de la región desde la tribuna de público y a través de una pantalla en la Sala Polivalente del Parlamento, el Partido Popular votó en contra de más de cuarenta artículos y tres disposiciones, se abstuvo en otro artículo y votó a favor de otro medio centenar.
El grupo Popular optó por esta posición para votar "en conciencia" y ser coherente con aquellas enmiendas que presentó al texto que no han sido incorporadas. "Hay que ser serios, rigurosos y valientes", destacó la 'popular' Mercedes Toribio, quien reprochó en cambio las posturas ambiguas de "algunos" a los que la "ambigüedad les viene bien para decir ahora una cosa y luego otra".
La Ley de Derechos y Servicios Sociales, defendida ante el pleno por la consejera del área, es en palabras de Quintana una norma que se sustenta en los principios de "universalidad, equidad, accesibilidad y responsabilidad pública", sitúa a la persona como "eje central" del sistema y "desborda" las "viejas ideas de beneficencia y asistencialismo", que cambia por un "modelo moderno, sustentado en el reconocimiento de nuevos derechos".
Implica, según dijo, la "equiparación" del sistema de servicios sociales con los sistemas educativo y sanitario y supone además desarrollar "al máximo las competencias del Estatuto de Autonomía" cántabro en lo que se refiere a la construcción del cuarto ámbito del bienestar, el de la protección y los servicios sociales.
Esta nueva ley, que apuesta además por la "calidad y la excelencia" en los servicios sociales, reconoce de partida una cartera de servicios con 25 prestaciones, 15 de ellas prestaciones de servicio, y las otras diez de carácter económico.
LEY "DESEABLE" PERO "EXCLUYENTE"
La diputada del PP Mercedes Toribio reconoció que se trata de una ley "deseable", pero lamentó que el texto "requiere muchas correcciones y mejoras", entre otras cosas, porque es una norma "excluyente" con la que se "pone en riesgo" el principio de universalidad del sistema de servicios sociales.
Aunque opinó que es un "buen momento" para aprobar la norma, señaló que se debería haber "aprovechado mejor" ese momento. Así, criticó que se ha "desperdiciado una oportunidad importantísima de hacer una buena ley" y sobre todo la oportunidad de consensuarla.
Frente a ello, desde el grupo Regionalista Rosa Valdés calificó la ley de "necesaria, oportuna y conveniente" y auguró que supondrá "un antes y un después", ya que es una ley "superadora de la concepción de los servicios sociales como servicios benéficos o asistenciales" y se configura como un "instrumento de primer orden para sentar las bases del cuarto pilar del estado del bienestar".
En la misma línea, el socialista Miguel Ángel Cavia aseveró que la norma representa "un paso más" con el que Cantabria pretende "subirse en marcha al tren de la modernidad", con una "reconversión" de los servicios sociales pareja a la de las comunidades autónomas "que mejor lo hacen". Igualmente, incidió en que se "supera el viejo modelo" de servicios sociales, en favor del reconocimiento de derechos de ciudadanía sustentados en la "universalidad y equidad".
LLAMAMIENTOS AL CONSENSO
Por todo ello, tanto Valdés como Cavia apelaron al Partido Popular para aprobar la norma por consenso. "Dejen a un lado las escasas e insustanciales diferencias y súmense a nosotros", dijo Rosa Valdés. Por su parte, Cavia deseó que los 'populares' no se quedaran "al margen por someterse a una estrategia de acoso y derribo" que no tiene que ver con los intereses ciudadanos, sino con "debilitar" los gobiernos en los que participa el PSOE.
En cambio, la 'popular' Mercedes Toribio aseguró que es el PP quien más lamenta no haber conseguido un consenso en torno a esta norma. Según dijo, la oposición ha hecho "muchos más esfuerzos" que los grupos que apoyan al Gobierno y, especialmente que el PRC, al que recriminó que haya acudido a las reuniones sin leerse el texto y al que acusó de no haber "abierto la boca" en esas negociaciones.
A juicio de Toribio, el consenso "más bien ha brillado por su ausencia" y recalcó que consensuar no es "imponer" los criterios del Gobierno y los grupos que lo apoyan, sino "atender y tender la mano" a las propuestas de la oposición. Sin embargo, Rosa Valdés insistió en que ha sido el PP el que no ha demostrado en muchas ocasiones "receptividad" a la voluntad de consenso de PSOE y PRC; y Miguel Ángel Cavia consideró que no puede haber muchas leyes en las que se haya intentado "tanto" lograr el consenso.
