PSOE y PRC dicen que la ley propiciará el "dinamismo económico" de Cantabria y el PP que "llega tarde, deprisa y es incompleta"
SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento regional ha aprobado hoy, con el apoyo de los grupos Socialista y Regionalista, la Ley de Estructuras Comerciales de Cantabria, cuya entrada en vigor pondrá fin a la moratoria existente desde el año 2001 en la autorización de licencias comerciales para grandes superficies. Para el PSOE y el PRC, la nueva norma es una "herramienta de política económica" que va a incrementar el "dinamismo de nuestra economía", mientras que para el PP la ley "llega tarde, deprisa y es incompleta" y, además, crea "inseguridad jurídica".
El diputado socialista, y consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, explicó que la nueva ley se enmarca en la apuesta del Gobierno por la modernización del comercio, en especial el pequeño y mediano, frente a la "desgana" con que ha sido tratado anteriormente, pese a que, según datos de 2003, el sector aporta 706 millones de euros al Valor Añadido Bruto de Cantabria; supone un volumen de negocio de 5.010 euros y cuenta con 32.836 puestos de trabajo.
Señaló que por ello el Gobierno pretende que el sector sea "generador de riqueza" para la región, foco de creación de empleo estable, aglutine servicios de calidad para los consumidores y sea un "elemento vertebrador" de los núcleos urbanos, para lo que "ha de ser diverso en sus formatos, amplio en su oferta, equilibrado en su ubicación, competitivo y moderno en su gestión".
Agudo aseguró que la nueva ley "no es ni proteccionista ni paternalista", sino que pretende, junto a las actuaciones "modernizadoras" llevadas a cabo por el Ejecutivo, "cerrar el círculo" y ayudar al pequeño y mediano comercio "a competir". Se trata, según sus palabras, de que el comercio sea un "auténtico generador de actividad económica y de riqueza" y "motor de desarrollo" de las zonas donde se implanta, hasta el punto de ser "capaz de cambiar los flujos de renta de otras comunidades autónomas hacia Cantabria", dijo.
"Un comercio, por tanto, fuerte en el contexto exterior y equilibrado desde el punto de vista interior", precisó Agudo, para quien la Ley de Estructuras Comerciales pretende también paliar "dos fuertes desequilibrios" de la región; por un lado, "superar la asimetría territorial" generada por los "fuertes desequilibrios" en la dotación comercial entre las distintas zonas, y, por otro, introducir competencia en sectores de "mercados casi cautivos", para evitar la "asimetría" en la tipología de la oferta, en cuanto a formatos y productos.
El objetivo es "ordenar la oferta basándonos en la demanda, que es lo realmente importante, y no en términos administrativos", subrayó el diputado socialista, quien destacó como principales características de la nueva ley que propicia un control de flujo de los nuevos operadores, para lo que se exige licencia de apertura a los centros de más de 1.000 metros cuadrados en cadenas sucursalistas, lo que garantizará "la entrada ordenada de operadores y formatos".
"Estamos convencidos de que entre el libre mercado y e intervencionismo absoluto existe un término medio eficiente y operativo", que propicie "el equilibrio entre el comercio urbano y periurbano", dijo.
Otro de los aspectos de la norma es su "clara sensibilidad" hacia los productores locales, como el sector lácteo o de la anchoa, que pueden ser objeto de estrategias de bajo coste, por lo que la ley exige licencias comerciales a los establecimientos de descuento duro'.
Desde el punto de vista legal, Agudo destacó la "seguridad jurídica" que aporta la ley al determinar las operaciones sujetas a licencia y los procedimientos y criterios de concesión de las mismas, por lo que "no deja lugar a la discrecionalidad y es sensible a las particularidades locales", subrayó.
FALTA DE CONCRECCIÓN
Por el contrario, la diputada del Grupo Popular, Sofía Juaristi, consideró que la ley adolece de falta de concreción y es "difícil" que pueda conseguir la "armonización" entre la libertad de empresa y la de los consumidores, ya que "ninguna queda protegida".
Criticó además que "ni siquiera el procedimiento" relacionado con las licencias es "suficientemente claro y conciso", y calificó de "presuntuosa" la propia denominación de la ley, ya que, en su opinión, "no pasa de ser un procedimiento concreto para la concesión de licencias de grandes establecimientos y de descuento duro".
Explicó que, por ello, las 14 enmiendas presentadas por su grupo, todas ellas rechazadas, pretenden "mejorar" el texto aprobado por el Gobierno y reducir el "confusionismo" en su redacción, incidir en la protección de los consumidores, y precisar algunos aspectos sobre la tramitación de las licencias. Advirtió, además, que la Ley de Cantabria "va en la dirección opuesta" a la directiva europea de servicios, "llega con tres años de retraso y está hecha con prisa".
Por último, relacionó el interés de los promotores inmobiliarios por las inmediaciones de los centros comerciales, cuyas licencias concederá el Gobierno "de forma arbitraria" y "ninguneando a los ayuntamientos", dijo.
Por su parte, el portavoz del Grupo Regionalista, Rafael Pérez Tezanos, destacó que la ley supone "un paso adelante", así como "más oferta al mercado y más beneficios a los consumidores, y una enorme creación de empleo", y además evitará que se pierda la instalación en Cantabria de grandes operadoras, que "mueven enormes cifras" y que podrían terminar en comunidades autónomas vecinas. Subrayó además que la nueva norma "regula, equilibra, controla y propicia" la instalación de áreas comerciales.
En el mismo sentido se pronunció el portavoz del Grupo Socialista, José Guerrero, quien destacó la importancia de esta ley para el desarrollo social, económico y territorial de Cantabria, y subrayó que "propicia el equilibrio armónico entre la protección de los consumidores y la libertad de empresa". En cuanto a las enmiendas presentadas por el PP, aseguró que "no aportan nada" al texto y ponen en evidencia el "concepto decimonónico" que tiene este partido sobre el comercio.
