El PP lamenta que su voluntad de consenso en ésta y otras leyes no se ve "correspondida" por el Gobierno para pactar los presupuestos
SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
A lo largo del año 2009 se pondrá en marcha el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, que será el responsable de la gestión y ejecución de todas las políticas preventivas y se ocupará de "vertebrar" toda la acción de los poderes públicos en este ámbito para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los trabajadores.
El Parlamento regional aprobó hoy por unanimidad la Ley por la que se crea este Instituto --un organismo autónomo dependiente de la Consejería de Empleo--, que sustentará su trabajo en las pautas de la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo, recientemente aprobada y con vigencia hasta 2012.
La vicepresidenta cántabra y consejera de Empleo y Bienestar Social, Lola Gorostiaga, subrayó que este Instituto nace en un contexto de "rechazo y repudio" social "creciente" a los accidentes laborales, un contexto de "tolerancia cero" en el que la sociedad demanda de los poderes públicos "una comprensible y singular actuación para la defensa del derecho laboral más básico": que el trabajo se desarrolle en condiciones seguras.
El Instituto será, según Gorostiaga, el "instrumento" para "dar una respuesta integrada y coordinada al problema de la siniestralidad laboral", un problema que, a su juicio, debe abordarse a través de la prevención y la concienciación, así como con la planificación de actuaciones, la investigación de las causas y la sanción de los infractores.
Para la vicepresidenta, la lucha contra la siniestralidad laboral es "una materia transversal" que afecta a todas las consejerías del Gobierno, porque incluye un conjunto "heterogéneo" de medidas normativas, de ejecución, de vigilancia, de control, pero también de promoción, de asesoramiento y asistencia técnica, investigación y fomento.
Gorostiaga se felicitó de que la ley haya salido adelante por consenso, una idea que también subrayaron los grupos parlamentarios, que en la tramitación del texto han incorporado 34 de las 75 enmiendas presentadas por el PP. Esas enmiendas, según el diputado 'popular' Eduardo Van den Eynde, han servido para corregir "numerosos defectos formales".
CONSENSO NO CORRESPONDIDO
En cuanto al consenso, aseveró que esta nueva ley aprobada por unanimidad, que no será la última iniciativa del Gobierno que sale adelante por consenso, demuestra "la firme y decidida voluntad del PP de llegar acuerdos". "Lástima que no se va correspondida en igual medida, ni mucho menos", apostilló.
En este sentido, comparó el apoyo del PP a esta ley con la postura del Gobierno respecto a la oferta del Partido Popular para pactar los Presupuestos regionales de 2009 y opinó que ha quedado "muy clarificado quiénes están abiertos al diálogo y quiénes se encierran en posturas rocosas, pétreas e impermeables".
Según dijo, el PP se ha quedado "solo en el empeño de hacer un frente común contra la crisis", pero aunque el Gobierno se niegue a recibirles y los grupos parlamentarios "sean incapaces de asumir ninguna" de sus propuestas, añadió que los 'populares' seguirán con su línea y voluntad de consenso. "No hagan del rechazo sistemático una constante", les pidió Van den Eynde, quien afirmó que esa actitud "no es más que expresión" de los propios "complejos".
SALUD, SEGURIDAD Y DIGNIDAD
En sentido contrario, la regionalista Matilde Ruiz consideró que la aprobación de la ley del Instituto de Seguridad y Salud lo que demuestra es que cuando existe "voluntad real" de llegar a acuerdos se puede alcanzar el consenso. "Una ley registrada en el Parlamento se debate en el Parlamento. Si no ocurre en otros casos, es porque esa voluntad no existe", sentenció.
Respecto al Instituto, resaltó que supone "un gran paso" en la lucha por "minimizar al máximo" los accidentes de trabajo y señaló que deberá hacer "especial hincapié en el fomento de la cultura de la prevención".
Por su parte, la socialista Susana Mediavilla destacó que el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo pretende "mejorar las condiciones de trabajo, protegiendo de manera adecuada y eficaz la seguridad de los trabajadores". Se pretende, por un lado, "modernizar y racionalizar las estructuras" actuales en este campo y, a la vez, "preservar la salud, seguridad y dignidad de los trabajadores
