Recalca que el Gobierno no ha "abandonado el proyecto", sino que lo ha "adecuado" a la realidad porque el del PP era "un intangible"
SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Ángel Pesquera, recalcó hoy que "no hay ninguna otra entidad pública o privada" que participe en la gestión del proyecto del futuro parque empresarial de Piélagos-Villaescusa, al margen de la sociedad pública constituida en su día entre la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y el Gobierno cántabro, en la que participan también los ayuntamientos afectados.
"Todo lo demás pertenece al campo de la fantasía o de la especulación", apostilló Pesquera, quien insistió en que "no hay promotora privada alguna que pueda realizar reservas de suelo" en la zona y agregó que "lo que quiera decir una empresa particular" al respecto "no tiene nada que ver con el Gobierno".
Además, aclaró que el proyecto ni siquiera está cerrado ni definida definitivamente el área de actuación y matizó que serán las administraciones implicadas las que decidirán en su momento si se desarrollará desde el ámbito público o del privado, en cuyo caso se realizaría un concurso público para la adjudicación.
Al mismo tiempo, el consejero dejó claro que no está prevista la construcción de viviendas en esta zona a través de un proyecto singular de interés regional y apuntó que no existe "ningún acuerdo adoptado al respecto", por lo cual, hablar de ello, es entrar "de nuevo en la fantasía y la especulación".
Pesquera hizo estas afirmaciones en el Pleno del Parlamento en respuesta a una interpelación del PP respecto al área de interés estratégico productiva de Piélagos-Villaescusa, que según el 'popular' Francisco Rodríguez, ha "desaparecido" y "volado" de los "documentos oficiales" del Gobierno desde la que la empresa (Ingenor) dice querer promocionar ese área y contar con el apoyo de las consejerías competentes, y pide dinero a los empresarios para ello.
En este sentido, Rodríguez preguntó al consejero si se ha reunido con dicha empresa (extremo que Pesquera negó con un gesto desde su escaño), si el Ejecutivo ha pactado algo con la misma y qué relación ha tenido el Gobierno con Ingenor.
Según el portavoz 'popular', si la empresa no se ha reunido con el consejero de Industria, "la única que queda" como "competente" en estas materias es la de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que dirige el regionalista Vicente Mediavilla, al que pidió una respuesta.
Cuestionó además por qué un proyecto que se recogió como actuación nueva en los presupuestos de 2005 y de 2006 no figura en los de 2007, ni siquiera como área en tramitación, y se preguntó "cómo es posible que una parque empresarial que se iba a desarrollar por iniciativa pública se paralice, desaparezca de los documentos oficiales para 2007 y aparezca" al tiempo una empresa "que lo quiere promocionar".
ADECUACIÓN DEL PROYECTO
En respuesta a sus dudas, el consejero de Industria, además de dejar clara que sólo esta implicada en el proyecto la sociedad creada entre la SEPI y las administraciones regional y local, aseveró que "no hay abandono del proyecto, sino una adecuación a la realidad económica de la región" con el fin de que los recursos públicos "se aprovechen de la mejor manera posible".
De hecho, aseguró que en el año 2003 lo que se encontró el Gobierno era "un intangible, un virtual, una idea voluntarista en la dirección equivocada, e imposible" de sacar adelante, que carecía entre otras cosas de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por ello, se emprendieron "actuaciones importantes", como la ampliación del área (con la consecuente inclusión del Ayuntamiento de Piélagos en el proyecto). En definitiva, se ha emprendido el camino de una actuación que, en palabras del consejero, estaba "empantanada".
RETRASOS EN EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
En la misma sesión plenaria el titular de Industria debió responder también a tres preguntas del Grupo Popular sobre los retrasos y dificultades para facilitar a la oposición documentación relativa tanto al área de interés estratégico productiva (AIEP) de Piélagos-Villaescusa, como a las proyectadas en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) para Val de San Vicente y Castro Urdiales.
La diputada 'popular' María Antonia Cortabitarte acusó a Pesquera de prácticas "totalmente intolerables contra el Parlamento", porque en respuesta a su petición de documentación invitó a la oposición a consultar directamente la información en la sede de SICAN (Suelo Industrial de Cantabria), aduciendo el volumen de la misma, cuando, según el PP, se reduce a 37 copias y un "libruco".
El consejero defendió que se ha actuado desde la "máxima disposición para facilitar la transparencia", pero Cortabitarte criticó las trabas encontradas para obtener la documentación en el momento y apeló al presidente del Parlamento, el socialista Miguel Ángel Palacio, porque, a su juicio, "no debe permitir" situaciones como éstas y ha de tomar las "medidas oportunas para que no se vuelvan a repetir".
En la misma línea, la diputada del PP Isabel Urrutia también criticó las pegas encontradas para obtener información sobre el puerto deportivo de Suances y preguntó al titular de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, al respecto. Mazón explicó que la información (un millar de páginas) ya se ha remitido a la Cámara y discrepó con Urrutia respecto a la hora de registro de dicha documentación y de la pregunta del PP por su no remisión.
Urrutia aseguró que su pregunta se registró dos horas antes de llegar al Parlamento la documentación del Gobierno que, además, no incluye todos los documentos que su grupo seleccionó tras consultar el expediente en la Dirección General de Puertos.
En su opinión, la documentación restante se ha quedado "en el despacho" del consejero de Presidencia, a través del cual se canalizan las respuestas y documentaciones que se remiten al Parlamento, pero Mazón aclaró que "si se ha perdido algo" la Consejería lo "completará".
