Los grupos que apoyan al Gobierno rechazan presentar un plan contra la inflación y dicen que no es competencia autonómica
SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios Socialista y Regionalista recriminaron hoy al PP por "insinuar delitos" e "imputar presuntas irregularidades, sin prueba alguna" en torno a la gestión del director gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), José María Ostolaza, y además, reclamaron a la oposición que dé explicaciones, aporte pruebas y, en su caso, acuda a los tribunales.
Al mismo tiempo, defendieron la política sanitaria en la lucha contra la lista de espera y rechazaron por ello con sus votos la moción que había presentado el PP para instar al Gobierno a utilizar todos los recursos de la sanidad autonómica, tanto públicos como privados, aunque priorizando los primeros, en las actuaciones para atajar la lista de espera.
"Hagan funcionar los recursos que tiene esta región, que son excelentes. Si son capaces de hacerlo, podremos derrotar la lista de espera", subrayó la secretaria general del PP, María José Sáenz de Buruaga, quien consideró que el Gobierno tiene los recursos públicos "infrautilizados".
Además, reclamó un pronunciamiento del Parlamento sobre los contactos de Ostolaza con la Fundación Jiménez Díaz para traer profesionales de dicha institución a operar en el Hospital de Liencres. Según dijo, esta "tentativa de adjudicación directa frustrada a tiempo no puede quedar sin un reproche ético" y el rechazo del Parlamento, porque se trata de una actuación "alarmante, carente del rigor y la ética más elementales", que choca con el proyecto de ley de altos cargos.
De hecho, consideró que al rechazar la iniciativa del PP y respaldar la actuación de Ostolaza, los grupos que apoyan al Gobierno realizan un "ejercicio de hipocresía y de cinismo sin límites, sin igual", ya que una conducta como la de Ostolaza se califica en ese proyecto de ley como "inmoral", "contraria al Código de Buen Gobierno" y "pone en cuestión la imparcialidad de un cargo público".
Sin embargo, PSOE y PRC echaron en cara al PP su utilización del Parlamento para "insinuar" irregularidades. "Basta ya de sembrar sospechas e insinuar delitos", recalcó la socialista Purificación Sáez, quien animó a los 'populares' a dejar de tirar "piedras y esconder la mano" porque sino alguna de las "pedradas" les va a "caer encima". Les instó además a no "incriminar tanto a los de enfrente" y actuar "con más celo" de sus propios asuntos, como "desfalcos --en alusión al caso de Mercasantander--, derrumbes y tuberías rotas".
PSOE Y PRC PIDEN PRUEBAS Y EXPLICACIONES.
A su juicio, exigir que en la contratación de equipos ajenos al SCS se respete el marco jurídico vigente, como proponía la iniciativa del PP, sería "asumir que no se está respetando"; y pedir que se repruebe al gerente por su actitud "es tanto como decir que ha obrado al margen de la ley". "Si eso es así, aporten pruebas y vayan a los tribunales. Sino, retiren esta moción", apostilló Sáez, quien aseguró que el Parlamento "no puede ser un escudo" para "decir cosas sin ninguna prueba y dejarlas ahí".
Respecto a la política sanitaria contra las listas de espera, aseguró que se están utilizando "todos los recursos del sistema", pero como no es suficiente, se recurre también a proveedores ajenos, pero dentro de un convenio marco y un procedimiento controlado por la Intervención. Además, se mostró convencida de que Ostolaza mantendrá contactos con otros proveedores, no sólo con la Fundación Jiménez Díaz, para "estar al día de la oferta sanitaria".
Por su parte, la regionalista Rosa Valdés lamentó que la moción del PP, "con la disculpa de un nuevo falso consenso", sirva para "imputar sin prueba alguna presuntas irregularidades" y agregó que "quien tiene que explicarse es quien acusa sin pruebas". Además, consideró "indigno" que el Partido Popular acuse al consejero de Sanidad de "falta de ética y de falta de respeto al Parlamento", mientras dicho partido "mantiene a un alcalde tránsfuga en Castro Urdiales".
PLAN CONTRA LA INFLACIÓN.
Al igual que la moción sobre la lista de espera, los grupos que apoyan al Gobierno también rechazaron esta tarde en el Pleno una proposición no de ley del PP por la que se pretendía instar al Gobierno a presentar en un mes un plan para reducir el diferencial de la inflación entre Cantabria y España. Tanto PSOE como PRC recalcaron que el control de la inflación no está en manos de un Gobierno autonómico e ironizaron sobre la propuesta PP.
La diputada 'popular' Cristina Mazas animó al Gobierno a "tomar conciencia" del diferencial de inflación y defendió medidas concretas que se pueden adoptar desde la Administración regional para "corregir el comportamiento inflacionista" y "mejorar" el poder adquisitivo de los cántabros y la competitividad de sus empresas.
"El ámbito de actuación es pequeño, pero aún así hay margen", subrayó Mazas, quien enumeró propuestas como la reducción de los plazos para crear nuevas sociedades, ayudas a la renovación de la flota de vehículos de transporte y a la creación de centrales de compras para los transportistas, rebajas de impuestos en algunas actividades y para las familias, mantener la subida de las tasas del Gobierno en el 2,5% para 2008 y 2009 o mejorar la fiscalidad para la vivienda.
Sin embargo, el regionalista Rafael Pérez Tezanos consideró que la iniciativa del PP es una "proposición deshonesta" con un planteamiento "interesado y poco técnico". "No trate de trasladar el problema internacional de la inflación a esta Comunidad Autónoma y culpar al Gobierno de Cantabria de algo que escapa de sus competencias. No busque titulares engañosos", subrayó, al tiempo que bromeó sobre la iniciativa y aseguró que los mercados internacionales han empezado a "ceder" nada más tener "conocimiento" de la propuesta.
En términos similares se pronunció el portavoz del PSOE, Martín Berriolope, quien, irónicamente, propuso como alternativa al plan del PP crear una comisión integrada por el presidente y la vicepresidenta regional, más el consejero de Economía, que se reúna con la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y los países productores de petróleo y materias primas para que controlen los tipos de interés y rebajen los precios, respectivamente.
"Cuando en estas cuatro instancias se enteren de esta iniciativa la inflación tenderá a bajar", bromeó Berriolope, quien reprochó al PP por sustentar su propuesta en "datos a medias" y consideró "inaudito e inédito" que un grupo político "serio, grande y formado" inste al Gobierno a presentar un plan contra la inflación que, además, está por debajo de la española y ha crecido más en la región porque en 2007 "estuvo siempre por debajo de la media".
PUENTE SOBRE LA RÍA DE SAN MARTÍN.
Por otro lado, en respuesta a una pregunta de la oposición, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, aseguró que "compromete el esfuerzo del Gobierno" para que el puente sobre la Ría de San Marín esté finalizado en esta legislatura. No obstante, Mazón eludió dar fechas concretas sobre la puesta en servicio de esta infraestructura, algo que, según dijo, "no es posible" fijar "en estos momentos".
Frente a ello, desde las filas del PP Ildefonso Calderón criticó el retraso en la construcción de este puente, y lamentó que "después de toda una legislatura sigue siendo una promesa electoral".
