Los 'populares' dicen que su propuesta es "más ambiciosa" y el proyecto del Gobierno sólo es una "operación de maquillaje"
SANTANDER, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento de Cantabria rechazó esta tarde, con los votos de PSOE y PRC, la enmienda a la totalidad y el texto alternativo presentado por el Partido Popular a la Ley de Garantías de Demora. A juicio de los grupos que sustentan al Gobierno, la propuesta de los 'populares' plantea unos plazos máximos de espera "inasumibles y absolutamente innecesarios", mientras que el proyecto de ley remitido a la Cámara por el Gobierno supone un "auténtico compromiso con los ciudadanos" y señala los plazos "de manera responsable, rigurosa y realista".
En cambio, para la secretaria general del PP cántabro y portavoz parlamentaria en materia de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, con esta norma "inútil" el Gobierno "pretende seguir demorando el abordaje del problema" de las listas de espera, ya que no es "más que una operación de maquillaje para salir de un apuro".
Frente a ello, la alternativa 'popular' aseguró que es "más útil, eficaz y garantista" y responde a un modelo "mucho más ambicioso, avanzado y comprometido con el sistema sanitario público".
La principal diferencia existente entre el proyecto de ley del Gobierno y el texto alternativo elaborado por la oposición, y la que más debate suscitó, es la relativa a los plazos de respuesta establecidos en cada caso. Así, mientras el Ejecutivo fija en 180 días el plazo máximo para ser intervenido quirúrgicamente, el PP lo rebaja a 45, al tiempo que deja en diez días la espera máxima para consultas de especialista (60 días en el proyecto de ley) y en siete para pruebas diagnósticas (30 en la propuesta del Gobierno).
Según explicó la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Charo Quintana, en su turno de defensa de la ley, esta norma "pretende contribuir al abordaje integral de las listas de espera excesivas e inaceptables clínica y socialmente" y supone además el reconocimiento de dos nuevos derechos: el de disponer de información transparente sobre las listas, y el de poder recibir asistencia en centros privados, costeada por la Administración regional, en los casos en que se superen los plazos máximos de demora.
Asimismo, "compromete un sistema de garantías realista" que establece "tiempos que se ajustan a las posibilidades actuales" del sistema sanitario cántabro y que representan, por tanto, un "objetivo realizable".
En palabras de la consejera, "no es una iniciativa aislada" y, como ejemplo de ello, detalló las distintas actuaciones emprendidas hasta la fecha por la Consejería y el incremento de recursos y personal, además de las previsiones para el presente ejercicio. También destacó la financiación que acompaña al documento, que cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros para conseguir cumplir los plazos establecidos, y 1,1 millones de euros más para asumir el coste de la atención en centros privados en los casos en que se haga uso de la garantía.
"CONDENADA AL FRACASO"
Sin embargo, desde el punto de vista del Partido Popular la ley nace "condenada al fracaso" y "no sirve para dar una solución real e integral" al problema, entre otras cosas, porque "entre sus objetivos no se encuentra la reducción de las listas de espera".
Además, rechazó que los socios de Gobierno justifiquen su rechazo a la alternativa 'popular' alegando que es innecesaria e irrealizable y cuestionó si dicha concepción se debe más a la "incapacidad" del Ejecutivo de llevarlo a cabo. En su opinión, "al menos hay que intentarlo" porque, de lo contrario, por "dignidad" se debería abandonar el cargo y "marcharse para casa".
Reprochó igualmente que se haya calificado la alternativa del PP como "despilfarradora" y lamentó que para "regalar" el Racing, una finca en Udías o para poner un chalé a una responsable de la empresa pública MARE se pusiera dinero público y para las listas de espera no se ponga.
Finalmente, lamentó que la consejera exprese su voluntad de llegar a un consenso en torno a esta ley, cuando lo cierto es que "el Gobierno ni quiere ni ha buscado" ese consenso, porque lo que el Ejecutivo entiende por consenso es que los demás digan "amén" a su propuesta.
LEY COMPROMETIDA CON LOS CIUDADANOS
Del lado de los grupos que sustentan al Gobierno, la diputada regionalista Rosa Valdés defendió el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo como un "auténtico compromiso" de la administración con los ciudadanos, que "ampliará los derechos" de los cántabros, puesto que "no se trata de papel mojado". Respecto a los plazos, recalcó que se irán mejorando y destacó que se han fijado "de manera responsable, rigurosa y realista", mientras que los propuestos por el PP son "inasumibles y absolutamente innecesarios".
Por su parte, el socialista Miguel Ángel Cavia coincidió en que se trata de un proyecto "comprometido" con los ciudadanos y lamentó la actitud de "cinismo político" del Partido Popular que, según dijo, si bien niega que sea necesaria una ley de estas características, propone un texto alternativo.
También echó en cara a los 'populares' que sustenten su alternativa y sus argumentos en la "mentira, la insidia y la tergiversación" y en el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que "utiliza artificios para ocultar la realidad" en cuanto a la listas de espera.
Tras el rechazo hoy de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley y de la alternativa del PP que acompañaba a la iniciativa, el documento continuará ahora su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas parciales, primero en el trámite de Ponencia y después en Comisión, para regresar más adelante de nuevo al Pleno para su aprobación definitiva.
