Cortabitarte cree que el presidente y el consejero de Economía deben "darse la mano e irse para casa"
SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La diputada regional del PP María Antonia Cortabitarte acusó hoy al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, de "esconderse permanentemente" y "no dar la cara" sobre la situación de GFB, y también de "callarse" en su intervención del Pleno del pasado lunes lo que iba a pasar "dos días después" con los trabajadores.
Según dijo, el presidente "sigue jugando" con la situación de 77 familias y "no ha tenido la más mínima muestra de preocupación" hacia los trabajadores, ante los cuales "no ha dado la cara" en "más de un año" que llevan pidiéndole una reunión.
En rueda de prensa, Cortabitarte recalcó que la decisión de cesar la actividad de la empresa y extinguir los contratos de la plantilla, adoptada ayer, es una noticia "triste y lamentable" que ha tenido que "caer como un bombazo" sobre esas 77 familias que dependían del futuro de la fábrica y que "hasta ayer" todavía albergaban "esperanzas" de que el Gobierno solucionara la situación.
En cambio, el PP tenía "pocas o ninguna esperanza" en los trabajos del Ejecutivo porque son ya "muchos meses" diciendo que se busca una solución, que está "próxima", y sin embargo, todo iba "de mal en peor".
De hecho, también les resulta "difícil, por no decir imposible", creer el último anuncio del presidente regional sobre las dos posibles empresas interesadas en GFB. Y es que, según lamentó Cortabitarte, el Gobierno ha hecho ya "muchos anuncios que nunca se cumplen" y lleva "casi dos años buscando nuevos inversores, pero no los encuentra". "¿Quién va a querer hacerse cargo de un pozo sin fondo de deudas?", cuestionó la diputada.
Cortabitarte criticó que después de haber "enterrado" 36 millones de euros de todos los cántabros en el proyecto Revilla "se quiere esconder" y sólo habla del asunto cuando el PP le pregunta en el Parlamento.
Pero además, le recriminó que en lugar de anunciar lo que iba a ocurrir con los trabajadores, "se limitó a echar la culpa al Partido Popular y a decir falsedades", por ejemplo, al negar que el Gobierno comprara la maquinaria y al negar también que el Ejecutivo sea propietario de la empresa, cuando Sodercan posee el 30 por ciento.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Frente a ello, le advirtió de que el PP no leva "consentir" que se esconda y va a intentar que salga a dar "todas las explicaciones necesarias, porque es el máximo responsable de la debacle en GFB", por haber "permitido" que el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, "cometiera todas las irregularidades que ha cometido".
A su juicio, "si tuviera vergüenza política", Agudo debería haber dimitido, pero recalcó que ni él ha dimitido ni Revilla le ha cesado, a pesar de que el consejero ha sido el "cerebro de la operación" y "autor, cómplice y encubridor" de las decisiones adoptadas en el Consejo de Administración de la empresa.
"Agudo se ha jugado 36 millones de euros de los cántabros y los ha permitido. Y mientras, Revilla estaba de romería en romería y de fiesta en fiesta. Tanto Agudo como Revilla se tienen que dar la mano e irse para casa", sentenció Cortabitarte.
En esta situación, el PP volverá a pedir que se cree en el Parlamento una comisión de investigación sobre GFB para que se aclaren las "irregularidades" en torno al proyecto. "Veremos si Revilla se atreve a dar la cara, pero mucho me temo que no va a atreverse", apostilló la diputada, quien recordó que la petición del PP se debatirá en el Pleno del próximo lunes.
Entre las "irregularidades" que los 'populares' quieren que se aclaren, Cortabitarte aludió a la firma del protocolo en Costa Rica pese a los informes de Sodercan que advertían de que no era viable; y la posterior modificación de las condiciones de ese protocolo, "en perjuicio de Cantabria, sus ciudadanos y su dinero, y en beneficio" de los empresarios costarricenses.
También se refirió al plan de viabilidad, que "nunca se presentó", y a la compra de la maquinaria por la que, señaló, se pagaron 44 millones de euros sin peritación previa y a pesar de tratarse de maquinaria "vieja" que en la actualidad está "obsoleta".
El Partido Popular, que ya pidió crear una comisión de investigación en junio del pasado año y su iniciativa fue rechazada, insiste en su necesidad porque ahora la situación "es mucho peor".
