Los afectados censuran las postura de los 'populares' y creen que detrás hay un intento de minorar la indemnización a los afectados
SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
PSOE y PRC han llamado al Gobierno de Cantabria a valorar ya las viviendas con sentencia de derribo, mientras que los 'populares' consideran que "no ha llegado el momento" dado que no se conoce aún "el desenlace" del proceso para intentar regularizarlas.
"El Gobierno no renuncia a la posibilidad de regularizar 448 viviendas", ha afirmado en el Pleno el diputado del PP, Íñigo Fenández.
Mientras que regionalistas y socialistas han defendido en el Pleno que se inicien las gestiones para valorar las viviendas con sentencia de derribo como una forma de "garantizar el patrimonio" de las familias, el PP considera que la "garantía principal" para los afectados la firmar, de forma individual, de un contrato con el Gobierno regional por el que la Administración se comprometa a entregar a los propietarios una vivienda de las mismas características como forma de compensar en el caso de que su vivienda sea derribada.
Ante esta diferencia de criterios no se ha alcanzado este lunes en el Pleno la unanimidad en ninguna de las dos iniciativas debatidas sobre este asunto, una del PSOE y otra del PP.
Solo ha salido adelante la de los 'populares' debido a su mayoría absoluta ya que nque no ha contado con el respaldo de ninguno de los grupos de la oposición.
En la iniciativa del PP, se insta al Gobierno regional y ayuntamientos implicados a "agotar", en los casos que sea posible, "todas las vías posibles" para regularizar la situación de las viviendas declaradas ilegales.
Y también a alcanzar con los afectados los "acuerdos que sean precisos" para "garantizar" el patrimonio de las familias mediante el procedimiento de 'vivienda por vivienda', es decir, la entrega de una vivienda nueva de las mismas características para compensar a los propietarios de los inmuebles que vayan a ser demolidos. Además, se aboga por la inclusión en los convenios que se firmen con este objeto "cláusulas de penalización favorables a los propietarios a modo de compensación ante posibles incumplimientos".
En la iniciativa 'popular' se pide que se considere a la indemnización económica como "la tercera y última de las alternativas", salvo que los afectados decidan, por propia iniciativa, renunciar a las dos opciones anteriores.
En la propuesta del PP, a diferencia de la del PSOE, no se hace alusión a la valoración de las viviendas.
Los socialistas, a través de la iniciativa planteada, instaban al Gobierno de Cantabria a "cerrar en el plazo más breve posible", las gestiones que fueran "oportunas" y buscar los mediadores "necesarios" para cerrar un acuerdo con las familias afectadas por las sentencias de derribo sobre el valor de sus viviendas, de cara a "garantizar" su patrimonio".
A esta iniciativa, el PRC propuso una enmienda, que fue aceptada por el PSOE, con lo que, finalmente fue sometida a votación la iniciativa regionalista, aunque no logró salir adelante por la oposición del PP.
En la enmienda del PRC, y respecto a las valoraciones, se instaba al Gobierno regional a "cumplir el contenido de la proposición no de ley aprobada por unanimidad" del Parlamento en noviembe de 2011 y a realizar, "en el plazo de seis meses, las gestiones necesarias para cerrar acuerdos en cuanto al valor de sus viviendas con las familias afectadas por sentencia de derribo con el objetivo de garantizar una indemnización que compense completamente el perjuicio patrimonial real que han sufrido".
A estos efectos, se instaba al Gobierno a valorar la designación, de común acuerdo con los afectados de un órgano de mutua confianza para que establezca, con criterios objetivos, el valor de los inmuebles amenazados por derribo.
La negativa del PP a valorar de momento las viviendas ha sido censurada por los afectados que habían acudido al Pleno regional a asistir al debate de dos iniciativas parlamentarias sobre derribos.
El presidente de AMA, Antonio Vilela, ha explicado que "no entiende" los motivos del Gobierno para no valorar las viviendas y cree que detrás de su negativa hay un intento de minorar la indemnización a los afectados.
