SANTANDER, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha anunciado hoy que no recurrirá el auto que archiva su querella sobre el caso Lagunilla y ha pedido al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, que diga "con nombres y apellidos" quien es la persona que ha sacado partes de expedientes de su departamento o, de lo contrario, "se tiene que marchar a casa inmediatamente".
En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Rodríguez Argüeso, negó "totalmente" que un trabajador de la Consejería haya pasado información al PP sobre este asunto, tal y como ayer señaló Oria, y afirmó que "el único topo" es el propio consejero, que metió los papeles "bajo tierra" para que no se conocieran.
Rodríguez Argüeso explicó que el PP no recurrirá el auto porque considera que ya ha cumplido su "obligación" al denunciar los hechos y no va a entrar ahora "a discutir" con un magistrado, aunque va a seguir pidiendo responsabilidades políticas por el asunto.
Precisó, no obstante, que aunque el PP "acata y respeta" la decisión judicial, no la comparte, y él personalmente sigue considerando que "sí es delito".
Pero, una vez que el juez ha dictaminado que no aprecia delito en los hechos y ha acordado su sobreseimiento, la obligación política del PP "no es entrar a discutir con la justicia si es o no delito", sino "exigir responsabilidades políticas".
Tras asegurar que los 'populares' están "en contra" de la judicialización política, recordó que antes de acudir a los tribunales por ese caso intentaron "agotar todas las vías políticas", pero no se les permitió, siendo rechazada en el Parlamento su petición de crear una comisión de investigación.
El portavoz del PP negó también que su partido haya utilizado políticamente este asunto, algo que si hubiera querido hubiera podido hacer, dijo. Añadió que de ser así lo recurrirían, como tienen posibilidad de hacer, mediante un recurso de reforma y de apelación.
"Lo que hace el PP es de mucha responsabilidad", recalcó, ya que denunció al pensar que existía un delito, y ahora "nos toca" exigir responsabilidades políticas, reiteró.
En este sentido, se preguntó cuál es la responsabilidad de un consejero que "oculta información" al Parlamento, para añadir que Oria "tendrá que demostrar" sus afirmaciones de ayer y, si dice eso de sus funcionarios y "los vincula" a un partido político, y luego no lo demuestra "¿qué tiene que hacer, seguir en el cargo?", inquirió.
"TOPO"
Según Rodríguez Argüeso, a los partidos les llegan "todos los días" anónimos sobre diferentes temas, pero al PP no se le "ocurre" decir que hay "un topo". Insistió en que Oria debe decir quién es el trabajador de la Consejería al que aludió, porque "no puede dejar en duda" a todos los funcionarios, y si no lo hace "se tiene que marchar a casa inmediatamente", insistió.
Añadió que si de lo que se trata es del robo de un documento público, lo que tiene que hacer el consejero es denunciarlo "inmediatamente", lo mismo que en el caso del otro expediente sobre el que, según Oria, podría haber ocurrido lo mismo.
En este sentido, anunció que preguntará al consejero sobre estos dos expedientes en el Parlamento, cuando se reinicie el nuevo periodo de sesiones, porque a Oria "hay que decirle taxativamente que todos los documentos que están en su poder en la Consejería no son suyos", sino que deben estar a disposición del Parlamento y los ciudadanos.
"Tendrá que explicar todo esto en los próximos días porque nos parece enormemente grave", recalcó el diputado, quien subrayó que ya hay un consejero del actual Gobierno, en referencia al dimitido Javier del Olmo, que tuvo que dejar su cargo por "caza de brujas" a dos funcionarios públicos.
Rodríguez Argüeso señaló que espera que Oria "salga diciendo" que no presentar recurso es "un acto de enorme responsabilidad" por parte del PP. Aseguró que su partido está "muy satisfecho" por haber destapado una actuación "muy irregular" y para que los ciudadanos "conozcan cómo trabaja este Gobierno".
Sobre las afirmaciones de ayer del consejero, aseguró también que "faltan a la verdad" al decir que los anticipos se hicieron porque se retasó la licencia 14 meses, algo que "es totalmente falso". Asimismo, destacó que se utilizaron certificaciones para empresas privadas y no para una empresa pública como Tragsa, y se siguió haciendo en 2009.
