SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con los votos favorables del PP y el PRC y el voto en contra del PSOE, la reforma de la Ley del Suelo que "iguala" el régimen jurídico de los proyectos singulares de interés regional (PSIR) en los 102 ayuntamientos de Cantabria.
Se trata de la tercera modificación de la Ley del Suelo que impulsa el Gobierno del PP en poco más de un año, después de la aprobada a finales de 2011 a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y de la del pasado mes de junio que autorizó la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico.
El proyecto de ley de reforma del régimen transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha llegado al Pleno del Parlamento con un acuerdo entre el PP y el PRC que se ha plasmado en dos enmiendas transaccionales incorporadas al texto en el trámite de Comisión, contra las que el PSOE ha votado en contra. Las cinco enmiendas del PSOE, todas ellas de supresión, han sido rechazadas por el PP y el PRC, mientras que otras dos enmiendas del PRC han recibido el voto en contra del PP y por parte del PSOE el voto en contra en un caso y a favor en el otro.
Esta modificación de la Ley del Suelo suprime la prohibición de realizar modificaciones puntuales de los planeamientos municipales no adaptados a la Ley del Suelo; elimina el plazo de adaptación al Plan de Ordenación del Litoral (POL); e iguala el régimen jurídico de los PSIR en toda Cantabria (hasta ahora en la zona POL se podían desarrollar en suelos rústicos de especial protección y en el resto no), de forma que se puedan implantar en todo tipo de suelos "siempre que no se menoscaben los valores a proteger".
Con carácter previo, el Pleno de la Cámara aprobó, sin debate y por asentimiento, varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y el Juzgado nº 1 de Santander contra la reforma de la Ley del Suelo que establece el pago de indemnizaciones a los afectados por sentencias de derribo antes de que se proceda a la demolición, norma que fue aprobada por unanimidad a finales de la pasada legislatura.
