Pese al enfrentamiento, la iniciativa para reclamar al Gobierno regional y a ayuntamientos una solución al problema, se ha aprobado
SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
PP y PRC se han enzarzado este lunes en el Pleno del Parlamento en una discusión sobre las responsabilidades de los derribos durante el debate de una iniciativa que se había consensuado por todos los grupos parlamentarios, incluidos 'populares' y regionalistas, para volver a instar al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos a dar un solución definitiva al problema de las sentencias de derribo.
La polémica ha llegado cuando, durante el turno de intervenciones de los grupos, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha señalado a Miguel Ángel Revilla como el "máximo responsable" del problema de los derribos al haber presidido la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en la época en la que se aprobaron las licencias de que "determinados alcaldes" concedieron y que vulneraban la legalidad y fueron anuladas.
Fernández ha señalado que, de todos los alcaldes que concedieron esas licencias, que eran de distintos partidos, "ninguno sigue en activo", pero sí Revilla. "Usted es el máximo responsable de este problema", ha dicho el portavoz popular, lo que ha generado las protestas del propio presidente de Cantabria y de los regionalistas, que han acusado al diputado popular de decir "falsedades".
Incluso, el propio Revilla ha pedido intervenir ante esta acusación de Fernández pero, finalmente, ante las reticencias del presidente de la Cámara, el socialista Joaquín Gómez, ha accedido a que contestara a los 'populares' el portavoz regionalista en este punto, José Miguel Fernández Viadero.
El diputado regionalista ha criticado la intervención de Fernández y ha opinado que el debate de esta iniciativa "no era" el momento de los "reproches". Así, ha acusado al PP de "romper el consenso" y de intentar usar el tema de los derribos como "bandera política" de cara a la campaña electoral de las elecciones del 10 de noviembre.
Fernández Viadero ha opinado que al diputado del PP "le ha interesado más" el "ataque" y la "inquina" a Revilla y al PRC que las víctimas y el consenso para reclamar una solución para estas familias.
Este enfrentamiento entre regionalistas y 'populares' no ha evitado que la proposición no de ley consensuada haya sido aprobada por unanimidad, tal y como estaba previsto.
Al margen de esta discusión, todos los grupos han expresado su solidaridad con las víctimas y han deseado que se llegue a una solución final tras 20 años de lucha de este colectivo.
El PP ha hecho un llamamiento al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, a "ponerse las pilas" y a "implicarse en la solución" y "no mirar para otro lado".
Fernández ha recordado que lo que se ha ratificado hoy es la propuesta aprobada el 18 de marzo de 2019 por el Pleno del Parlamento en la que se pedía dar una solución definitiva a todos los afectados que no suponga para ellos pérdida de patrimonio, cumpliendo los convenios firmados entre los afectados y el Gobierno de Cantabria.
En esa iniciativa ratificada hoy pedía, "durante 2019, crear los fondos necesarios para afrontar y desarrollar los convenios firmados por el Gobierno de Cantabria, requiriendo las garantías por las responsabilidades patrimoniales pertinentes y reprobaciones, si procede, de aquellos que incumplan, entorpezcan, o dilaten las citadas resoluciones del propio Parlamento de Cantabria".
También se señalaba en dicha propuesta manifestar la importancia de seguir avanzando en el ordenamiento jurídico de la comunidad en cuantas iniciativas se precisen para lograr la protección de los ciudadanos terceros de buena fe en el ámbito del urbanismo.
Fernández ha preguntado al consejero por qué no se entrega a los afectados la valoración de sus viviendas para las indemnizaciones, mientras que por parte de los grupos que sostienen al Gobierno, PRC y PSOE, se ha destacado que se han dado "pasos" hacia la solución.
VALORACIÓN DE AMA
El debate de esta iniciativa ha sido presenciado por representantes de AMA, la asociación que en Cantabria aglutina a los afectados por las sentencias de derribo, a los que los grupos de la Cámara han reconocido su labor a lo largo de estos años.
Tras la aprobación de la PNL, AMA ha dicho que "espera que el Gobierno y los ayuntamientos no hagan oídos sordos a las resoluciones del Parlamento", como la aprobada este lunes.
En este sentido, ha recordado que es "la tercera vez, en menos de dos años", y "la segunda de 2019", que el Parlamento de Cantabria ha pedido una solución para los afectados de los derribos.
Además, ha anunciado que este sábado, 2 de noviembre, a partir de las 11.00 horas, hay previsto un acto en el que el presidente del Parlamento, Joaquín Gómez, entregará la resolución donde se piden las soluciones para cientos de familias afectadas por los derribos, en un acto con más de 150 afectados que se han inscrito.
Según AMA, al acto acudirán, además del propio presidente del Parlamento, portavoces de los grupos de esta y la anterior legislatura, así como los alcaldes de los municipios con afectados por las sentencias de derribo.
Después del acto en el Parlamento de Cantabria, las familias afectadas se dirigirán en manifestación hasta la sede del Gobierno de Cantabria, donde les recibirá el consejero, José Luis Gochicoa (PRC), que tiene las competencias de Urbanismo, al que entregarán la resolución parlamentaria con el fin de que el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos la cumplan y acabar con la que, según AMA, es una "injusticia que dura décadas" y que es ya "una deuda histórica con todos los ciudadanos de Cantabria, que ven cómo se gastan sus recursos y nunca se solucionan los problemas".
La manifestación acabará en las Salesas, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), "para pedir justicia", y que se den los instrumentos necesarios a los jueces, como los PGOU, para que puedan "poner fin a tantos años de miedos e incertidumbre".
Asimismo, AMA ha avanzado que seguirá con actuaciones e iniciativas tanto a nivel nacional como en la Unión Europea para defender a los terceros de buena fe.
