La consejera defiende los pasos emprendidos y aboga por interpretar la ley de la forma más favorable a los afectados
SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha tachado de "engaño" las soluciones que baraja el Gobierno para dar salida a los problemas de los afectados por la Ley de Montes, porque la orden que las recogió o "no modifica nada sustancial" o es "malintencionada", pues "traslada" a titulares, juntas vecinales y ayuntamientos, la responsabilidad de las decisiones que adopten, "que pueden ser penales".
Mientras tanto, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca, Blanca Martínez, ha reivindicado los pasos emprendidos. Martínez ha defendido el trabajo de técnicos y funcionarios, que, junto a las asistencias técnicas, ha permitido trabajar de forma simultánea en varios términos municipales, y ha abogado por interpretar la ley de la forma "más favorable posible" a los afectados, según ha manifestado en respuesta a la interpelación formulada por el PRC.
Estas soluciones van desde una nueva reglamentación para los consorcios forestales hasta la rectificación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, mientras se trabaja en la resolución de expedientes de desafectación de fincas como montes de Utilidad Pública y en la resolución de reclamaciones previas a la vía judicial, junto a la atención directa a los afectados, bien por teléfono (500 consultas) o con desplazamientos a los municipios.
En total, en Cantabria hay 480 montes de Utilidad Pública, que ocupan 270.000 hectáreas. En la comunidad, los montes de Utilidad Pública pertenecen en su mayoría a las Juntas Vecinales, y a lo largo de la historia fueron objeto de ocupación en diferentes modalidades. En algunos casos, los derechos de ocupación están reconocidos documentalmente, pero en otros, no. Al regularse por Ley, afloraron estas situaciones y afectados pedían al Gobierno que solucionara el problema del derecho a uso o no.
Los consorcios son un mecanismo para la explotación forestal de los montes públicos. La Ley nacional de Montes prohibía que su explotación se asignara a un consorcio de forma directa, y exigía, en cambio publicidad y concurso. Ahora se creará un mecanismo que permita mantenerlos.
En cuanto a la usucapión, era una figura "vetada" hasta la fecha, por lo que no era "posible" utilizarla. Pero la Dirección General del Servicio Jurídico ha emitido un informe que ve que resulta admisible en los casos previos a febrero de 2004, cuando entró en vigor la Ley
