19 de enero de 2021
30 de noviembre de 2020

El PRC vuelve a unirse a la oposición en otra iniciativa crítica con la 'ley Celaá', dejando solo al PSOE

SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Parlamento de Cantabria ha vuelto a aprobar, por segunda vez en prácticamente una semana, una proposición no de ley --la segunda en una semana-- en la que se reclaman cambios o critican aspectos de la nueva ley educativa que se está tramitando en las Cortes Generales, la conocida como 'ley Celaá', una iniciativa en la que, al igual que la semana pasado, el PRC se ha vuelto a sumar a la oposición, dejando al PSOE, su socio de Gobierno, solo en el 'no'.

En la iniciativa --una transaccional acordada por Cs y PRC-- se insta al Gobierno de España (PSOE-Unidas Podemos) y a las Cortes Generales a que el castellano aparezca en dicha ley recogido "como lengua vehicular, oficial y común de todos los españoles", "garantizando de forma expresa su enseñanza obligatoria en todas las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, tal y como establece la Constitución Española, las sentencias judiciales y los tratados internacionales".

También se solicita que la Alta Inspección educativa sea designada "por un proceso público de oposición y no por un nombramiento político" y que ésta vele "de una manera efectiva" con el cumplimiento de la ley educativa y sus reales decretos.

Durante el debate, los distintos grupos han vuelto a insistir en algunos argumentos en contra o a favor de la 'ley Celaá' esgrimidos en el Pleno de hace una semana cuando salió adelante --con los mismos posicionamientos que hoy-- una iniciativa del PP enmendada por el PRC en la que se pedía la retirada de la 'ley Celaá' tal y como estaba redactada.

Cs ha considerado "muy grave" que en esta ley se "elimine" el castellano como lengua vehicular y lo ve como una "cesión indiscutible" del Gobierno central a ERC. "Eliminar el castellano como lengua vehicular dejando al arbitrio de determinadas comunidades autónomas los instrumentos de control, evaluación y mejora para garantizar el manejo de las lenguas oficiales es lo mismo que dejar al zorro al cuidado de las gallinas", ha defendido el parlamentario naranja.

Álvarez ha denunciado que ya en Cataluña los padres que quieren que sus hijos aprendan en español "no pueden" y cree que lo que hace la 'ley Celaá' eliminando el castellano como lengua vehicular es "certificar" y "dar cobertura legal" a esta realidad que lleva "años" ocurriendo en esta comunidad.

A su juicio, esto contribuye a ayudar a los independentistas a dar "otro pasito más" en la creación de esa "identidad nacional" para "romper España".

También ha afirmado que con esta ley lo que se permite el "nombramiento a dedo" de los integrantes de la Alta Inspección, "extendiendo la duda" sobre éstos y permitiendo que puedan convertirse en "comisarios políticos".

Por su parte, el PRC ha insistido en la necesidad de "corregir" en la ley lo que respecta al castellano y "mejorar" otros aspectos. "No seguimos mantras de nadie", ha advertido a los socialistas, que hace unos días acusaron a este partido de seguir mantras de la derecha en relación a esta ley que, además, según el PSOE, eran falsos.

El PP ha denunciado, no solo ya las pretensiones de los nacionalistas, sino la "disposición" del Gobierno de España a entregar a éstos "todo lo que les piden". "¿Cuál va a ser la próxima?", se ha preguntado el popular, que cree que va a haber "muchas más".

Vox ha insistido en su postura de que la 'ley Celaá' es un "atropello" que "vulnera los derechos" de los ciudadanos que tienen el castellano como lengua materna y ha vuelto a avisar de que lo va a recurrir al Tribunal Constitucional.

El PSOE ha sido el único en votar en contra y ha advertido a los proponentes que en la Constitución "no se dice en ningún sitio" que el castellano sea lengua vehicular, algo a lo que tampoco obligan ni los tratados internacionales ni las sentencias judiciales" a las que aluden en la iniciativa.

Ha defendido también que lo que hace la 'ley Celaá' es acabar con lo que establecía la 'ley Wert' en la que aquellos que deseaban estudiar en castellano se les daba la opción a hacerlo en centros privados, costeándose ese gasto con fondos públicos.

En cuanto a la Alta Inspección, la diputada socialista ha señalado que "lo único que cambia" es que en lugar de pedirse 6 años de experiencia se solicitan 8 y el proceso "se mantiene".

OTRAS INICIATIVAS

Al contrario de lo que ha ocurrido en este punto, en el Pleno de este lunes han quedado rechazadas varias iniciativas de la oposición.

Esto ha ocurrido con dos mociones presentadas por el PP y Vox, la primera para instar al Gobierno regional a que exija al de España agilizar las obras de la autovía A-67 en el tramo Aguilar de Campoo-Mataporquera y la segunda para que los proyectos de la Comarca del Besaya que se presentarán a los fondos europeos se sometan a la supervisión de técnicos de medio ambiente y economía de la Administración.

La moción de los 'populares' ha contado con el apoyo de la oposición (PP, Cs y Vox) pero ha sido rechazada por los grupos que conforman el Gobierno, PRC y PSOE, que han asegurado que las obras de la autovía ya han empezado y a finales de 2022 estarán terminadas si no surgen imprevistos, por lo que han defendido que no ha habido esa "demora injustificada" que el resto de partidos han denunciado y se ha tramitado en un tiempo "récord".

Por su parte, PP, Cs y Vox han lamentado el "retraso" para ejecutar esta "reivindicación histórica" que permitiría una mejor conexión para Valderredible y repercutiría en la despoblación del municipio, cuya densidad de población está "cerca de la de Siberia".

Por su parte, la moción de Vox, que se centraba en los proyectos del parque acuático que se plantea construir junto al hospital Sierrallana y a la línea fluvial de navegación entre Torrelavega y Suances, ha sido rechazada por todos los partidos, que no han comprendido por qué se centraba en esas dos iniciativas y no en el resto de las que se presentarán a los fondos europeos y la mayoría han opinado que el grupo se centra en "la política del trampantojo y del no por el no", pero "no aporta soluciones".

También se ha rechazado una moción del PP que pedía suprimir partidas de la Ley de Memoria Histórica y destinar las cuantías previstas a necesidades derivadas del Covid. La iniciativa ha recabado el apoyo de los otros dos partidos de la oposición, Cs y Vox, y el 'no' de regionalistas y socialistas.

El PP ha considerado "indefendible" que las bases y convocatoria en cuestión fueran publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria el 13 y 31 del pasado marzo, víspera de la declaración del estado de alarma por el Covid y un "día negro" con 17 fallecidos por el virus. Cree que no se pueden "dilapidar" los recursos en proyectos al amparo de una norma que, a su juicio, tiene como único fin "reabrir heridas, no cerrarlas".

Aunque ha apoyado la moción, el diputado de Vox Armando Blanco ha reprochado al PP que no entre en "el fondo" de una ley que solo sirve para "reescribir la Historia". Ha asegurado que cuando su partido pueda derogará la norma y, mientras tanto, se opondrá a destinar recursos a la "desmemoria histérica", como la ha llamado.

Cs ha considerado una "irresponsabilidad" e "insensibilidad" destinar partidas a la Memoria Histórica en un momento en el que los recursos son "esenciales". Ha dicho que está a favor de la ley, pero para "honrar" a las víctimas, no "para venganza".

La portavoz del PSOE Noelia Cobo ha defendido que no se puede dejar sin partidas la ley, como hizo -ha recordado- el PP en la anterior crisis económica, ya que abarca cuestiones que no son "aplazables" que tienen que ver con la dignidad y valores democráticos.

La diputada del PRC María Ángeles Matanzas ha rechazado que con esta iniciativa se haga "demagogia" con las víctimas del Covid y ha sentenciado que el Gobierno cántabro no ha dejado de destinar recursos a la pandemia.