Pese a la ruptura del pacto, asegura que en ningún caso se va a ver afectada la gobernabilidad del municipio
SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La agrupación comarcal del PSOE en Rionansa ha decidido abandonar el equipo de gobierno del que formaba parte junto al PRC al cuestionar la política de contratación de personas desempleadas mediante una subvención de 225.000 euros del Gobierno de Cantabria.
Desde esta agrupación se ha explicado que la decisión adoptada tiene como "detonante" este cuestionamiento en relación a las
contrataciones, aunque se venían poniendo de manifiesto desde hace meses "desavenencias" en el seno del equipo de gobierno local.
En un comunicado, el PSOE de Rionansa señala que esta decisión se ha tomado por "responsabilidad" con los vecinos y que "en ningún
caso se va a ver afectada la gobernabilidad" del municipio que, asegura, está "plenamente garantizada".
"Desde que se haga efectiva esta situación, el PSOE seguirá trabajando con responsabilidad pero sin ejercer el seguidismo político con quien hasta ahora, ha sido su socio de gobierno local", han explicado.
Según Noelia Cobo, secretaria de Organización del PSOE de Cantabria, esta decisión, tomada por la agrupación comarcal del Nansa, es asumida por la dirección regional y significa un "punto y seguido" en la política municipal de Rionansa, donde el PSOE "facilitará al igual que en todos los plenos en los que se encuentra representado y mediante acuerdos puntuales, el normal desarrollo del Ayuntamiento".
Cobo ha defendido el ejercicio de una "oposición responsable y vigilante" en la cuestión que ha propiciado este "desencuentro" y "en todas las decisiones de la alcaldía que nos parezcan cuestionables desde un punto de vista ético y político".
SELECCIÓN DE TRABAJADORES
Sobre el cuestionamiento del proceso de selección de trabajadores procedentes del desempleo dentro del programa de Corporaciones
Locales de la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria, para el que el Ayuntamiento de Rionansa recibió una subvención de 225.000 euros, el PSOE señala que en las bases del proceso de selección que fueron aprobadas por Alcaldía el 14 de junio existen "errores no invalidantes" como la mención de normativa derogada, o falta de concreción en la descripción de la fase de concurso de la selección de personal no cualificado (peones).
Pero destaca que también hay errores "chocantes", como el hecho de que "algunos candidatos (hasta 31) saquen en varias ocasiones mayor puntuación que la máxima posible y que en otro caso no se especifique, como marca el proceso de selección, el tiempo empleado en la realización de las pruebas".
Según los socialistas, las "irregularidades" continúan en la selección del resto de puestos no cualificados (tres peones de la construcción y un mozo de almacén).
Al respecto, explica que para estos puestos el tribunal acordó que la fase de oposición consistiría en un test. Sin embargo, en las bases aprobadas por Alcaldía se establece que en la selección de peones (personal no cualificado), la fase de oposición consista en un ejercicio práctico ("una o varias pruebas prácticas relacionadas con el trabajo a desarrollar").
El PSOE añade que el test se puntúa con un máximo de cuatro puntos, cuando las bases (además de requerir una prueba práctica y no teórica, como es un test), puntúan la fase de oposición con máximo 10 puntos.
Finalmente el PSOE ha hecho constar que, tras la selección que realizan los ayuntamientos, como el de Rionansa, que optan por realizar ellos mismos la selección final, están obligados a comunicar, antes de contratar, a la oficina de empleo, la relación de personas seleccionadas, a los únicos efectos de que por parte del Servicio Cántabro de Empleo se compruebe que dichas personas
siguen siendo demandantes de empleo y en desempleo, puesto que en otro caso no sería subvencionable la contratación.
Al respecto, aclara que el EMCAN "no se pronuncia, al validar a los candidatos, sobre la propia validez del proceso de selección, algo que tampoco le compete, pues la selección final realizada por un ayuntamiento es un acto administrativo que no puede revisar el Servicio Público de Empleo, aunque sí puede ser objeto de impugnación por las personas interesadas".
