La secretaria general de los socialistas cántabros critica que pone en peligro los derechos de las generaciones futuras
CABEZÓN DE LA SAL, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de los socialistas cántabros, Eva Díaz Tezanos, ha afirmado este martes que la reforma de la Ley de Costas que pretende hacer el Partido Popular "no sólo va a facilitar la privatización de un bien público de gran valor estratégico para el país, si no que va a favorecer la degradación y la especulación de toda la franja costera y su litoral".
En un encuentro mantenido en Cabezón de la Sal con un grupo de afiliados y simpatizantes, Díaz Tezanos ha señalado que el Gobierno de la Nación "debe ser responsable y no puede obviar su compromiso de proteger los derechos de las generaciones futuras". "Eso se llama solidaridad intergeneracional, algo que los responsables de PP desconocen", ha dicho.
Frente a ello, los socialistas apuestan por "un desarrollo sostenible que permita un crecimiento económico responsable que no ponga en juego un patrimonio natural tan sensible como es el frente costero".
Díaz Tezanos afirmó sentirse "sorprendida" por las declaraciones de Ignacio Diego en las que se enorgullecía de que los políticos del PP de Cantabria hubieran liderado a nivel nacional esta reforma. En este sentido, señaló que "es una falacia que la reforma vaya a generar más empleo. Al contrario, dijo, se trata de "una medida cortoplacista que generará pan para hoy y hambre para mañana, y que lo único que va a hacer es poner en peligro la herencia medioambiental que deben recibir nuestros hijos".
Para la secretaria general del PSC, "es inadmisible que una Ley, que se concibió como una herramienta de transparencia para identificar con claridad el bien que había de proteger, pierda el fin para el que fue creada", y lamentó que se quiera modificar una Ley amparada por 24 años de aplicación y que ha sido avalada por los tribunales de justicia.
Díaz Tezanos recordó que los padres de la Constitución Española, teniendo en cuenta el "feroz" desarrollismo producido en España durante los años 60 y 70, y para evitar que se pusiera en riesgo este bien público, añadieron "una visión social" del patrimonio litoral y para ello, establecieron una serie de limitaciones a la especulación urbanística en la costa.
"Ahora, los responsables del PP burlan, una vez más, el espíritu de nuestra Carta Magna y ponen en manos de los especuladores un gran vacío legal para la defensa de la titularidad pública, lo que permitirá que se puedan expoliar bienes y valores públicos para transformarlos en cotos privados y oportunidades de negocio para unos pocos. Se trata pues, de otro ejemplo de discriminación que favorece a los de siempre y que cuenta con el aval del Gobierno", denunció.
