SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios Socialista y Regionalista han manifestado este lunes su rechazo a una ley de tasas judiciales que, a su juicio, supone un "atropello" al derecho de los ciudadanos a defenderse ante los tribunales, implanta una "Justicia de dos velocidades", una para ricos y una para pobres, "pervierte la Democracia" y acerca a España a ser una "república bananera", mientras el PP pide una "oportunidad" para ella e invita a mirar sus aspectos "beneficiosos".
En el Pleno del Parlamento de Cantabria se han debatido dos propuestas no de ley en contra de la ley de tasas judiciales, una del PSOE y otra del PRC, que han sido rechazadas por el voto en contra del PP, quien ha considerado, en contra de lo expresado por la oposición y los trabajadores de la Administración de Justicia, que la aplicación de esta legislación no supone una "barrera infranqueable" para que los ciudadanos acceden a la Justicia.
Así lo ha asegurado el diputado 'popular' Julio Bartolomé, quien ha considerado "exagerados", aunque "respetables", los argumentos contra esta ley y ha abogado por "mirar la otra cara de la moneda", subrayando que permitirá financiar entre un 10 y un 12 por ciento del coste de la Justicia.
Aunque ha reconocido que la ley de tasas no ha tenido "buena acogida", ha asegurado que el Gobierno de España la ha aprobado por "sentido de la responsabilidad" y ha defendido que actuará como "catalizador" de los "múltiples problemas" de la Administración de Justicia.
En este sentido, ha afirmado que casi la totalidad de los países europeos del entorno de España tienen tasas judiciales u otros mecanismos equivalentes que les permiten financiar una media del 22,3 por ciento del coste de la Justicia, unos diez puntos más de lo que permitirá la nueva ley de tasas en España.
Durante el debate de estas proposiciones, la diputada regionalista Alodia Blanco ha dudado que con lo que se recaude se vaya a dirigir a financiar la Justicia o la justicia gratuita, tal y como ha defendido el diputado 'popular'.
En contra de los aspectos positivos que, a juicio de Bartolomé, tiene esta ley, Blanco ha opinado que ésta obedece "exclusivamente a motivos de oportunidad política y económica" y ha asegurado que tendrá como "beneficiarios" a las empresas y a la Administración --sobre todo en lo relativo a las querellas por despidos improcedentes-- buscando su "impunidad".
En este sentido, la portavoz socialista Eva Díaz Tezanos ha calificado la ley de una "contrarreforma legal" que, según ha dicho, "se lleva por delante" el derecho a la tutela judicial efectiva --por lo que, a su juicio, es "inconstitucional"-- y devuelve a España a 1959, en plena dictadura franquista.
La socialista ha tachado de "inadmisibles" las tasas que prevé la ley y ha firmado que "si a una justicia se le pone precio" --y más "elevado" como, a su juicio, es el caso-- "deja de ser justicia y pasa de ser un instrumento más de control y dominación" de quienes pueden pagar.
Díaz Tezanos ha asegurado que, con esta ley, el PP persigue objetivos "perversos" que van, según ha dicho, desde el meramente recaudatorio a "ideológicos", buscando "devolver a España" a un sistema de compartimentos "estancos de ricos y pobres".
Por ello, la portavoz socialista ha pedido al PP que "reponga el Estado del Bienestar que han fracturado" con la ley, con la que se da "un paso más hacia una sociedad desigual".
