SANTANDER, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE cántabro urge al Gobierno regional del PP a cerrar un acuerdo con los propietarios del edificio Las Torres, en Escalante, sobre el que pesa auto de derribo, para garantizar el valor de sus propiedades de cara a las correspondientes indemnizaciones si se ejecuta la sentencia de demolición y evitar que dicha valoración "decaiga".
Así lo ha señalado este jueves el diputado socialista, Miguel Ángel Palacio, en una rueda de prensa en la que ha presentado una iniciativa que su Grupo defenderá en el Pleno del próximo lunes, 7 de abril, para que el Parlamento inste al Ejecutivo de Ignacio Diego a que en el plazo "más breve" posible llegue a un acuerdo con los dueños sobre el valor económico de las viviendas, locales y garajes afectados.
Asimismo, con la moción se pretende que la Cámara demande al Gobierno el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el plan de derribos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y ante las familias afectadas sobre la propuesta de ejecución de la sentencia de Las Torres.
Tras explicar que el auto del TSJC señala al Gobierno como responsable de la ejecución de esta sentencia y da al Ayuntamiento de Escalante el plazo de un mes para ejecutarla, Palacio ha exigido al Ejecutivo que "cumpla" los compromisos adquiridos en el Plan de Derribos y cierre "cuanto antes" el expediente de responsabilidad patrimonial que inició el pasado 8 de marzo, para que "no suceda como con las sentencias de derribo de la playa de la Arena, en Arnuero".
En este sentido, ha indicado que el objetivo último es "evitar a toda costa que los propietarios se vean abocados, después de 24 años y 14 sentencias, a iniciar un nuevo proceso judicial para reclamar el valor de sus bienes".
El diputado socialista ha lamentado al respecto que los propietarios de las viviendas de Las Torres "saben" que existe un auto que ordena el derribo de sus propiedades, pero "no saben ni cuánto ni cuándo van a cobrar por sus casas".
Y ha añadido que, una vez firmes las sentencias de derribo, solicitaron "hace unos años" que el Ayuntamiento "les pagase el valor de las viviendas antes de derribarlas", pero el Consistorio "se negó a aceptar su responsabilidad patrimonial", ha criticado.
"EL GOBIERNO HA INCUMPLIDO TODO"
Con todo ello, Palacio ha censurado que la gestión de la Administración regional se haya limitado a "meras declaraciones" y a "compromisos ante la opinión pública de soluciones que nunca llegan".
Así, según ha dicho, "24 años después, no hay ninguna vivienda legalizada, ninguna sentencia ejecutada, ninguna autorización provisional concedida y ningún acuerdo con las familias afectadas para garantizar su patrimonio".
Al hilo de lo anterior, Palacio ha recordado que el Gobierno se comprometió a "dar solución a los derribos en menos de un año" asegurando, ha dicho, que "la mayoría de las casas se salvarían" debido, entre otras cosas, a la amnistía del Ministerio de Fomento, que "legalizaría todas las viviendas de Argoños".
Además, ha apuntado que el Ejecutivo señaló que "no sería cicatero con las indemnizaciones por los derribos". Pero, como ha insistido para concluir, "lo ha incumplido todo".
