Los nueve imputados han recurrido en reforma ante la jueza de instrucción y en apelación ante la Audiencia Provincial
SANTANDER, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Tanto la exalcaldesa de Santoña y exdiputada nacional del PSOE Puerto Gallego, como los ocho exconcejales que formaron parte de su equipo de Gobierno, han recurrido el auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santoña que les imputa un presunto delito de prevaricación
por el fraccionamiento de contratos entre los años 2003 y 2009.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, todos ellos han recurrido en reforma -ante la jueza instructora- y en apelación -ante la Audiencia provincial-, pero lo han hecho en dos grupos, por lo que no hay nueve recursos sino dos. En estos momentos ambos están pendientes de informe de la Fiscalía, paso previo preceptivo antes de que la jueza resuelva.
El auto recurrido, que pone fin a la instrucción, ve "indicios racionales de criminalidad" en la actuación de Puerto Gallego y los ocho exconcejales, a los que reprocha una "redundante desatención" de los reparos de la Intervención municipal.
Así consta en el auto que pone fin a la instrucción, firmado el 14 de noviembre por la magistrada María Peña, la misma que en julio del año pasado archivó la causa contra Gallego y los miembros de su equipo de Gobierno y después la reabrió tras estimar los recursos del PP y el exconcejal del Movimiento Falangista Leoncio Calle Pila.
La exalcaldesa declaró el pasado 17 de octubre como investigada por el fraccionamiento de contratos. Fue su primera declaración en este procedimiento tras ocho años desde su apertura.
Apenas un mes más tarde, la jueza puso fin a la instrucción con un auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, y traslada las mismas a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral.
Junto a Puerto Gallego están también imputados ocho concejales del PSOE de la villa entre 2003 y 2009: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle.
Se les acusa de incumplir la legalidad al fraccionar contratos y adjudicarlos directamente a distintas empresas, básicamente a cuatro, sin convocar el correspondiente concurso abierto, al no superarse la cuantía exigida por la ley para hacerlo (18.000 euros), "pese a la reiterada formulación de reparos de legalidad por parte del Interventor".
DENUNCIA DE 2009
El procedimiento arrancó en 2009, a raíz de una denuncia del entonces concejal Leoncio Calle Pila, del Movimiento Falangista, a la que luego se sumó el PP. En septiembre de 2016, la socialista renunció a su escaño como diputada nacional en el Congreso después de que el Tribunal Supremo, a donde llegó el caso por su condición de aforada, decidiera investigarla.
Tras la renuncia de Gallego y la consiguiente pérdida del aforamiento, la causa retornó al juzgado de Santoña, que nueve meses después, en julio de 2017, acordó el archivo de la misma en un auto sin fundamentación jurídica y sin que la jueza instructora, que no es la misma que conoció el asunto en 2013, llamara ni siquiera a declarar a la exdiputada.
Leoncio Calle Pila y el PP recurrieron el archivo, y la jueza instructora decidió entonces reabrir el caso y citar a declarar a Puerto Gallego.
El Tribunal Supremo abrió causa contra la exdiputada del PSOE después de que un año antes, en septiembre de 2015, la Audiencia Provincial de Cantabria validara la opinión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña sobre los indicios existentes contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento siendo alcaldesa Gallego.
Todos ellos declararon, en octubre de 2013, como imputados por presunta prevaricación administrativa ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, ante la cual aseguraron que no habían cometido "ningún delito". En dicha ronda de interrogatorios no se incluyó a la alcaldesa, por su condición de aforada, al ser diputada en el Congreso por Cantabria.
