Dimitieron tras abrirse juicio oral contra ellos por presunto delito de prevaricación y serán sustituidos por Vicente Diego y Andrea Tausía
SANTANDER, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Ayuntamiento de Santoña abordará el viernes, 28 de diciembre, la renuncia de los concejales socialistas María Antonia Alonso y Jesús Valle, contra los que se ha decretado la apertura de juicio oral por presunto delito de prevaricación por fraccionamiento de contratos durante 2003 y 2009, y serán sustituidos por Vicente Diego y Andrea Tausía, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.
Diego y Tausia no eran los siguientes en la lista electoral que presentó el PSOE en las últimas elecciones municipales pero serán quienes tomen posesión en un próximo Pleno, ordinario o extraordinario, después de que cuatro de las personas que los precedían hayan renunciado, bien por cuestiones laborales o porque estaban implicados en el mismo procedimiento judicial que Alonso y Valle, han explicado estas mismas fuentes.
María Antonia Alonso y Jesús Valle presentaron su renuncia el pasado 28 de noviembre tras recibir la notificación de la apertura de juicio oral contra ellos, en cumplimiento del Código Ético del partido.
El supuesto fraccionamiento de contratos tuvo lugar durante la etapa de la exalcaldesa socialista Puerto Gallego, también acusada junto a cinco exediles.
Junto a Gallego y Alonso y Valle están también acusados seis concejales del PSOE de la villa entre 2003 y 2009: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil y Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda.
El Ministerio Fiscal ha solicitado para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un presunto delito de prevaricación relacionado con el fraccionamiento de contratos durante su mandato, entre los años 2003 y 2009.
La misma pena de ocho años pide el Partido Popular, que se sumó a la acusación a raíz de la denuncia presentada en su día por el entonces concejal de Falange Leoncio Calle Pila, por la que se inició el proceso, y que reclama, por su parte, nueve años de inhabilitación para los nueve acusados.
