SANTANDER, 3 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a partir de mañana y hasta el 6 de mayo, al secretario y miembro del Consejo de Administración de la empresa Sniace, Miguel Gómez de Liaño, para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión por un delito contra el medio ambiente cometido con unos vertidos realizados al río Saja-Besaya sin autorización administrativa.
Según relata el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los vertidos a los que se refiere sucedieron el 18 de diciembre de 2006, y se hicieron en contra de su Plan de Regularización y pese a que se le había denegado la suspensión de la medida que le retiraba la autorización contra el vertido.
El Ministerio Fiscal señala que el río Saja-Besaya está contaminado desde el punto de vertido de la fábrica de Torrelavega hasta el punto de que sus aguas "no reúnen los requisitos mínimos para ser aptas para la vida de los salmónidos", un índice que tras el vertido se superó en más de cinco veces.
También se detalla que la demanda biológica de oxígeno se superó hasta 107 veces más de lo tolerable, el límite para la calidad de las aguas se excedió en 10 veces y los valores del zinc en 7,8. Son superaciones que "suponen una grave alteración de las condiciones del agua y un grave deterioro de su calidad, con lo que ellos conlleva respecto a las especies naturales".
Se señala que la contaminación orgánica del vertido equivale a la que realizaría sin depurar una población de 540.000 habitantes.
Además de los diez años de prisión, el Fiscal pide una indemnización por determinar a la CHN y una multa al acusado de 9.360 euros, mientras que la defensa reclama la libre absolución y rechaza la responsabilidad subsidiaria de la empresa.
En el juicio comparecerán como testigos el presidente de Sniace, Blas Mezquita; los miembros del Consejo de Administración, Manuel Huerta y Jesús Manuel Zaballa; el comisario de Aguas de la CHN, Manuel Gutiérrez, junto a otros representantes de este otro organismo, junto a directivos de la fábrica de Torrelavega o miembros del Comité de Empresa, entre otros.
AUTORIZACIÓN
En octubre de 2002, la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) autorizó el Plan de Vertidos que había presentado Sniace, en cumplimiento de un real decreto de 1995. Este plan establecía cuatro fases, con distintos períodos de tiempo, que concluirían después de 2005, con la entrada en funcionamiento del sistema de saneamiento de toda la cuenca.
En virtud del citado plan, se establecía una autorización provisional para la primera fase, que finalizaba en diciembre de 2003. Sniace, tras admitir el incumplimiento, pidió una prórroga, y posteriormente, o una nueva autorización o una prórroga, además de nuevos plazos.
Esta reclamación fue denegada por la CHN, que posteriormente, en junio de 2006, revocó la autorización para el vertido. La empresa pidió la suspensión de la ejecución de esta resolución, en una solicitud que le fue nuevamente denegada, lo que provocó que lo llevará al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que desestimó su recurso y confirmó la suspensión del permiso para los vertidos. Sniace, no obstante, lo recurrió ya ante el Tribunal Supremo, estando pendiente de resolución.
DEFENSA
Frente a esto, la defensa reclama la libre absolución, descartando que el vertido fuera tóxico.
Esta parte señala que pese al "satisfactorio grado de avances" en las medidas de la primera fase de su Plan de Vertidos, en las que invirtió 3,6 millones de euros, pidió un cambio en el citado plan ante la "necesidad" de financiación externa "condicionaba" la realización de otras actividades.
Sniace apela a la existencia de hasta tres recursos judiciales sobre sucesivos expedientes sancionadores para sostener que "de su resolución dependerá si existe o no incumplimiento de las condiciones del plan inicial".
También se argumenta que "implícitamente" la Administración "concedió" a la empresa una "especie de moratoria" para seguir produciendo en las condiciones de vertido previstas en la primera fase del Plan de Vertidos, durante un tiempo en que Sniace pudiera "adecuar" sus inversiones. Y se alude al "beneplácito implícito" de las autoridades sobre la espera ante la nueva autorización.
Se elaboró un nuevo plan "en un tiempo récord de tres meses". La empresa sostiene que la CHN "sabía que era previsible que Sniace se mantuviera en los mismos niveles de contaminación" de la primera fase del plan anterior, que quedarían "resueltos" en cuatro meses.
La defensa se refiere a conversaciones con grupos políticos y sociales y a los contactos con la Administración para tratar de lograr una moratoria en los plazos, ya que en mayo de 2007 entrarían en funcionamiento las medidas ambientales que se habían iniciado.
"Lo que actualmente importa resaltar" es que la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha concedido a Sniace la autorización ambiental integrada. "Jamás se puede imputar ni al señor Gómez de Liaño ni a Sniace haber desobedecido las órdenes expresas de la autoridad", asevera el escrito de la defensa, que también incide en que los miembros del Consejo de Administración "no tuvieron nunca ni el más mínimo indicio para pensar que se pudiera estar incurriendo en un delito medioambiental".
Para la defensa, sería "injusto" exigir a Sniace el "cumplimiento temporal riguroso" de los planes de vertidos, y apunta que ante este "cúmulo de circunstancias adversas" el Consejo llegó a contemplar la posibilidad del cierre de la fábrica.
