Los acusados admiten los hechos y deberán indemnizar con 1,2 millones de euros a los afectados
SANTANDER, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ismael M.Z. y Gerardo R.A., los encargados de la constructora 'Proyectos y Construcciones Zúñiga', cumplirán entre los dos penas de siete años de prisión por delitos de estafa continuada y falsedad documental al revender fincas que ya tenían propietarios.
Así será en virtud de un acuerdo al que ambos han llegado con las acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal, con lo que finalmente no se celebrará en su totalidad el juicio que iba a comenzar este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria hasta el próximo día 25.
Además, ambos han aceptado que sus diferentes empresas abonen unas indemnizaciones a los 24 perjudicados que, en su conjunto, superan los 1,2 millones de euros, la misma cantidad que reclamaba el Ministerio Fiscal.
En concreto, Gerardo R.A., autorizado para representar a la citada empresa, será condenado por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental, por el que la sentencia de conformidad le impondrá una pena de cuatro años y medio de prisión, y medio de prisión, respectivamente, además de al pago de multas por un importe de 1.620 euros.
Y a Ismael M.Z., administrador único de 'Proyectos y Construcciones Zúñiga', se le impondrá una condena por cómplice de estafa de dos años de prisión, junto a una multa de 450 euros.
En ambos casos, se contemplan las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, de cara a la responsabilidad civil.
Entre las distintas actuaciones por las que se les juzgaba y que han admitido se encuentran la venta de casas que no habían sido construidas o que figuraban a propiedad de otras personas.
Así, entre los ejemplos que detallaba el Ministerio Fiscal figuraba la venta en 2002 de una parcela, por un importe de 194.273 euros que en realidad ya había sido vendida con anterioridad; o, en 2003, la venta por 54.000 euros de un chalet que estaba inscrito a otro nombre diferente al del comprador.
O la compra, en 2004, de un chalet que nunca fue construido, y así hasta una decena de operaciones similares, todas en una urbanización en la localidad de Boo de Piélagos.
El Ministerio Fiscal consideraba que los hechos suponen un delito continuado de estafa y otro de falsificación de documento mercantil, y elevaba las penas a 18 años y nueve meses de prisión.
