12 de agosto de 2020
25 de marzo de 2014

El TSJC admite a trámite la querella de un constructor contra el juez de Castro

Por intentar "influir" en un procedimiento contencioso administrativo de forma "coordinada" con el Ayuntamiento

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Inmobiliaria Izarra contra el juez Luis Acayro Sánchez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales, por un presunto delito de prevaricación judicial.

La inmobiliaria, propiedad del constructor Jon Loroño y con sede en Vizcaya, acusa al juez de intentar "influir", de forma "coordinada" con el Ayuntamiento de Castro Urdiales, en la resolución de un proceso contencioso administrativo en el que la querellante reclamaba la concesión de licencia de obra para la construcción de 18 viviendas y garajes.

Según consta en la querella de Izarra, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez remitió al juzgado de lo contencioso una documentación obrante en un procedimiento penal que el magistrado abrió por supuestas irregularidades en esa zona, en concreto un dictamen pericial "no pedido por nadie" que ya el propio Ayuntamiento de Castro Urdiales "había incorporado extemporáneamente" en el contencioso. El magistrado justificó el envío a los efectos de "evitar un fraude procesal que frustre la investigación".

El constructor acusa al juez de un delito de prevaricación "al haber realizado actuaciones judiciales con plena consciencia de que carecía de competencia para ello", y además "reincidir en su conducta", ya que cuando el juzgado de lo Contencioso le devuelve la documentación, el magistrado de Castro ordena remitírsela de nuevo para "que se compruebe si el Ayuntamiento ha cumplido con el trámite procesal de remisión del expediente administrativo".

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que "no admite su incorporación y devuelve la documentación en dos ocasiones", estimó parcialmente en enero de 2013 la demanda de Izarra y reconoció su derecho a obtener la licencia de obras.

ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA QUERELLA

El auto del TSJC, que se puede recurrir, señala que la admisión a trámite de la querella "no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene".

En este caso concreto, entiende el magistrado ponente que de los hechos relatados en la demanda "puede concluirse que los mismos presentan las características suficientes para que concurran los presupuestos exigidos legalmente para la admisión a trámite de la querella, sin perjuicio del resultado de la posterior investigación".

Por ello, continúa el auto, "la cuestión atinente a la posible existencia de responsabilidad penal o de los delitos imputados queda imprejuzgada".

La Sala Civil y Penal ha dado traslado de este auto al Ministerio Fiscal y al magistrado querellado, por si quiere personarse en el procedimiento. Las partes tienen ahora tres días para presentar recurso de reforma y/o cinco días para formalizar el recurso de apelación, informa el TSJC en nota de prensa.