Cortina anuncia que seguirá adelante con el Museo de Etnografía Marítima mientras el PSOE cree que la sentencia "frena" el proyecto
SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado la adquisición llevada a cabo en octubre de 2012 por parte del Ayuntamiento de Astillero de una colección de maquetas navales, por importe de 79.000 euros, para el futuro Museo de Etnografía Marítima al considerar que no se ha acreditado "fehacientemente" la "necesidad, idoneidad y eficiencia" de la contratación.
A juicio de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, estas exigencias recogidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público "no resultan cubiertas" por el argumento de la "supuesta estrategia de promoción local" con que justifica el Ayuntamiento la adquisición.
En esta sentencia, fechada el pasado 30 de julio, el TSJC estima el recurso de apelación promovido por dos concejales del PSOE contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Santander que desestimaba un recurso contra la resolución de la Junta de Gobierno local de octubre de 2012 en la que se adjudicó el contrato de suministro de estas maquetas.
En su lugar, el TSJC estima dicho recurso contra la resolución de la Junta de Gobierno local y la anula, condenando a costas al Ayuntamiento.
Según la sentencia, el argumento de la estrategia de promoción local empleado para justificar la adquisición "no deja de revelar una aspiración cultural y no una necesidad que pugna con la política de racionalización y contención del gasto".
El TSJC apunta en su resolución que el secretario municipal emitió informes en el que señalaba que para celebrar ese contrato se requería "una motivación específica acreditada fehacientemente" que "no concurre en el presente caso".
"Menciona su inidoneidad, su falta de necesidad y su carácter eventual e impertinente por lo que la Sala no puede compartir la afirmación municipal de que se trate de un contrato necesario para la realización de los fines institucionales" previstos por la ley para municipios con población de "entre 5.000 y 20.000 habitantes".
EL PSOE CREE QUE ESTA SENTENCIA "FRENA" EL MUSEO
Tras la sentencia, el PSOE ha recordado que la adquisición anulada era la primera de las tres que tenía previstas el equipo de Gobierno para y ha opinado que la sentencia del TSJC "da la razón" a los socialistas en su opinión de que "gastar miles de euros en este proyecto suponía un despropósito por parte del equipo de Gobierno (PP) y era "innecesario e inoportuno en los momentos actuales de crisis".
Además, ha mantenido que esta opinión, a su juicio, es compartida por la "mayoría" de los astillerenses, y ha apuntado que los Servicios de Intervención y Secretaría del Ayuntamiento estuvieron "en contra de la celebración de este contrato".
El grupo municipal socialista ha asegurado que "lamenta profundamente" que el PP haya sido, en su opinión, "incapaz de priorizar en las necesidades de los ciudadanos, realizando gastos innecesarios y subiendo el coste de los servicios sociales; desoyendo opiniones de técnicos municipales, grupos políticos y vecinos, aprobando en solitario este tipo de contratos amparándose únicamente en su mayoría absoluta".
"Lamentamos igualmente que el único camino que nos deje sea acudir a los tribunales porque al final las costas judiciales las pagamos todos los astillerenses, ya que salen del Presupuesto municipal", ha censurado el PSOE.
El portavoz municipal socialista Salomón Martín ha asegurado que el PSOE, con esta sentencia, "frenan un gasto innecesario de más de 400.000 euros" entre las maquetas y el Museo de Etnografía Marítima.
En este sentido, se ha preguntado qué se va a hacer con el edificio que se está acondicionando para el museo y que ha supuesto una inversión de 200.000 euros.
El PSOE ha propuesto que se utilice como sede para la Escuela Oficial de Idiomas, algo que, a su juicio, "vendría muy bien para las muchas personas que no consiguen optar a una plaza en Santander".
Por otra parte, el PSOE ha señalado que "en menos de tres meses el PP de Astillero ha sufrido dos varapalos judiciales" ya que, además del relativo a las maquetas, ha señalado que, por otro lado, deberá iniciar expediente de responsabilidad patrimonial contra el alcalde de Astillero, Carlos Cortina, y el exregidor y actual presidente de Cantabria, Ignacio Diego, por el asunto del impago del IVA en la venta de una parcela.
CORTINA ANUNCIA QUE SEGUIRÁ ADELANTE CON EL MUSEO
Tras el comunicado del PSOE, el alcalde de Astillero, Carlos Cortina, ha anunciado en una rueda de prensa que el Ayuntamiento seguirá adelante con el proyecto de creación del Museo de Etnografía Marítima a pesar de la sentencia.
"Como no podía ser de otra manera, acato y respeto la decisión judicial, aunque no la comparto en absoluto", ha dicho Cortina, que la considera "muy desafortunada", según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.
El regidor ha señalado que "no hay ningún informe" de Intervención Municipal que señala que con esta adquisición "se incumple" la Ley de Economía Sostenible.
Así, ha señalado que los 79.000 euros desembolsados por la compra de ese patrimonio suponen el 0,6 por ciento del presupuesto del Ayuntamiento de Astillero, por lo que "no cree que la estabilidad presupuestaria tiemble".
El alcalde ha defendido que en todo el procedimiento se ha cumplido "con los requisitos legales, siendo la compra de ese patrimonio, formado por alrededor de medio centenar de maquetas navales de distintos tipos, un compromiso electoral que recoge la voluntad política del organismo al que le competen este tipo de decisiones, es decir, a la Corporación Local".
Cortina ha mantenido su postura de que en este caso el Consistorio de Astillero cumple la Ley de Bases de Régimen Local, en la que se señala que los ayuntamientos "tienen competencias propias en el ámbito cultural y capacidad para promover y llevar a cabo iniciativas en este campo a fin de proveer las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos".
Para el alcalde, la sentencia del TSJC que se estaba valorando crea "una incertidumbre tremenda" al entrar "de lleno" en lo que son competencias municipales en el ámbito de la cultura y al cuestionar "la necesidad de esta compra".
"Se podría cuestionar entonces, de seguir los argumentos del juez del Tribunal Superior, cualquier iniciativa de promoción de la cultura o cualquier contrato de prestación de servicios que no sean considerados esenciales o necesarios", ha dicho.
En esta línea argumental, se ha preguntado qué pasaría si el juez considera no necesaria la construcción del centro cívico que se está levantado en el barrio Boo o tampoco ve necesaria la intención del Ayuntamiento de cambiar el proyector de cine de la Sala Bretón por uno mejor o la próxima adjudicación del contrato de gestión cultural.
Tanto el alcalde como el primer teniente de alcalde, Fernando Munguía, han defendido la idoneidad de la colección adquirida con el fin de dotar de contenido al Museo de Etnografía Marítima que en la actualidad se está acondicionando en un edificio de propiedad municipal, y cuya gestión para que sea calificado como tal Museo por el Gobierno regional se está tramitando.
Además, el regidor ha señalado que se trata de un bien calificado por el Ejecutivo cántabro y que ha sido adquirido, además, a un precio "muy por debajo de su valor en el mercado".
Por su parte, Munguía ha señalado que el recientemente fallecido historiador José Luis Casado Soto, que entre otras responsabilidades, fue director del Museo Marítimo del Cantábrico realizó dos informes sobre la citada colección en los que llegó a hablar de su "excepcional valor cultural y rareza", destacando sus "enormes posibilidades didácticas y culturales" además de las "notables sinergias económicas" que podrían derivarse de su exposición pública.
