SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La asociación cívico vecinal Parque Mendicouague ha registrado esta mañana en la Fiscalía Superior de Cantabria una denuncia para que se investiguen posibles delitos en la adjudicación y la tramitación de la concesión para el aparcamiento subterráneo. En el escrito, los vecinos solicitan además la adopción de medidas cautelares, en concreto, la suspensión de las licencias o autorizaciones que se puedan haber concedido.
También piden que se requieran al Ayuntamiento diversos informes, entre ellos, un informe jurídico municipal sobre la legalidad del cambio de uso de los terrenos. Y es que, según recuerdan en un comunicado, la escritura de cesión de los terrenos establecía unas limitaciones de uso y señalaba que la cesión era para destinarlos como parque público.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía, la asociación solicita que se investiguen varios aspectos relacionados con el proyecto, tanto en lo que respecta a su tramitación administrativa, como a los riesgos que puede llevar aparejados.
Por ejemplo, la asociación alerta de los riesgos que las obras pueden suponer para las edificaciones próximas, así como del peligro derivado de la contaminación del suelo, en concreto por metales pesados --principalmente cromo y mercurio--, ya que el terreno fue en el pasado la ubicación de una fábrica de curtidos.
Asimismo, el colectivo de vecinos contrarios al aparcamiento denuncia que no se les ha permitido acceder al expediente completo y critica que sus alegaciones a la licencia de apertura fueron contestadas "con pretextos formales, sin dar respuesta a lo planteado" y generándoles así una situación de indefensión.
En cuanto a la tramitación, la asociación pide a la Fiscalía que investigue la posible incompatibilidad del alcalde, Íñigo de la Serna, y de otros miembros de la Corporación para participar en la tramitación de los expedientes.
Junto a ello, incluye como argumentos de su denuncia un "desfase presupuestario" en la adjudicación, la falta de informes jurídicos preceptivos de los servicios municipales, la concesión de la licencia de instalación a nombre de una empresa diferente a la adjudicataria, y la contratación de una firma de ingenieros para prestar auxilio técnico cuando ya estaba adjudicada la redacción del proyecto.
