El PP dice que el Gobierno ha pagado por los terrenos del Mazo cuatro veces más que por el PSIR de Marina de Cudeyo
SANTANDER, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El vertedero de residuos industriales de Monte Carceña tendrá una capacidad de vertido de 7,5 hectómetros cúbicos y una vida útil de 20 años, según explicó hoy el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín. Además, aclaró que los dos ayuntamientos afectados por la instalación (el de Castañeda y el de Piélagos) recibirán como contraprestación un canon que abonará la empresa gestora del vertedero y que todavía se sigue negociando.
De esta forma, el consejero respondió a una batería de once preguntas que le planteó en el Parlamento la diputada 'popular' Isabel Urrutia, quien denunció que el Gobierno ha sido "incapaz de cumplir los compromisos y plazos" comprometidos para la puesta en marcha de este vertedero.
Frente a ello, el consejero se reconoció responsable del retraso, pero recalcó que ha sido así porque la autorización ha requerido 43 trámites diferentes, algo que, según dijo, no hizo el PP en su día con el vertedero de El Mazo. Además, recalcó que en este caso se ha actuado "con todas las garantías y respeto a los ayuntamientos" afectados.
En su intervención, Martín señaló que el vertedero de Monte Carceña, impulsado por la empresa privada IACAN (Iniciativas Ambientales de Cantabria), que está participada en un 20 por ciento por la empresa pública MARE, ocupará una superficie de unas 65 hectáreas sobre terrenos rústicos de protección forestal que se han pagado en parte mediante permuta y en parte en efectivo.
El consejero no desveló el coste de la operación --abonada por IACAN--, al tratarse de una relación entre terceros y a la espera de que IACAN y el Ayuntamiento de Castañeda le autoricen a hacerlo, un argumento que no convence al PP, dada la participación pública en IACAN, que además está presidida por el director de MARE, Rafael Canales. Por ello, Urrutia preguntó cuánto dinero ha puesto el Gobierno para la adquisición de los terrenos y cuánto va a poner para las obras.
Además, la diputada aseguró que hay "lagunas" y "contradicciones" en los datos. Por ejemplo, preguntó cómo se escogió a la empresa privada, cuestionó cómo se eligió la ubicación y advirtió de diferencias en las cifras porque IACAN habla de 7,6 hectómetros cúbicos de capacidad de vertido y 16 años de vida útil, frente a los 7,5 hm3 y 20 años que cita el consejero.
En respuesta, Martín explicó que la selección de la ubicación no se ha hecho "con criterios voluntaristas", sino porque se trata de "la más adecuada técnicamente". En cuanto a la diferencia en la capacidad de vertido, lo achacó a alguna cuestión de redondeo, y en lo que respecta a la vida útil, lo explicó por la reducción que se ha detectado en los últimos meses en los vertidos industriales que se producen en la región.
Esa reducción de los vertidos se debe, según el consejero, a la entrada en vigor del decreto de escorias y al hecho de que los escombros ya no se lleven a vertederos. Y de hecho, aseguró que la vida útil podría incluso prolongarse más allá de los 20 años en la medida en que se consigan impulsar nuevas medidas que propicien una segunda vida a los residuos que se generan en la región, evitando así su remisión a esta instalación.
CANON
Otras de las preguntas del PP se centraban en el canon ya que, en opinión de Urrutia, si el Ayuntamiento de Castañeda decide "sacrificar" su territorio aceptando una instalación de estas características "tiene que haber" alguna contraprestación para el municipio.
En efecto, el consejero explicó que habrá canon para los dos ayuntamientos, que lo pagará IACAN y que aún se está negociando. Al mismo tiempo, se preguntó por qué el PP sólo habla del de Castañeda, puesto que el de Piélagos también está afectado; y dejó claro que el Gobierno no ha encontrado un "chollo" en el municipio de Castañeda, sino un ayuntamiento "responsable" que "está ahí" cuando hay que hacer frente a una responsabilidad regional, frente a posturas "poco solidarias que ponen palos en las ruedas".
EL MAZO
Por otro lado, el consejero también tuvo que responder a varias preguntas del PP sobre el vertedero de El Mazo. Según denunció Urrutia, el Gobierno ha pagado "cuatro veces más" por los terrenos del vertedero del Mazo adquiridos en 2006 que por los del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de Marina de Cudeyo, pues en el primer caso se han pagado 19,85 euros el metro cuadrado y en el segundo, 11,2.
Frente a estas críticas, el Gobierno recordó que los primeros terrenos del Mazo fueron adquiridos por el Ejecutivo 'popular' en 1999 al precio de 17,80 euros el metro cuadrado, y acusó al PP de tratar hacer ver que la Administración regional "se aprovecha "de los cántabros cuando "no se va a engañar a ningún ciudadano".
En relación a los terrenos del vertedero del Mazo, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, informó, en respuesta a varias preguntas formuladas por el PP, que la parcela adquirida por MARE en 1999 costó 1.346.491 euros, mientras que las cuatro parcelas compradas en 2006 ascendieron a 6,2 millones. Mientas la primera deberá pagarse hasta 2019, las otras se adquirieron definitivamente en 2007.
Frente a estos datos, la diputada 'popular' Isabel Urrutia, denunció que el Gobierno se haya gastado 6,2 millones de euros en unas parcelas calificadas como rústicas, "en las que no se puede construir ni plantar árboles", y en las que "sólo hay residuos". "¿Qué hay detrás? Porque el interés público no lo vemos por ningún sitio", denunció, al tiempo que calificó la operación como "una barbaridad" y un "despilfarro", frente a un alquiler de 600.000 euros.
"6,2 millones nos ha costado el chollo que ha firmado; si el dinero fuera suyo, seguro que no hace eso", dijo Urrutia al consejero, a quien también acusó de no haber cumplido con las obligaciones del vertedero.
Martín le preguntó que si 19,85 euros le parecen "una barbaridad" en 2006, qué calificación le merecen 17,80 euros en 1999, y aseguró que en 2003 ya se había sobrepasado la capacidad del vertedero. Además, aseguró que el Consejo de Administración de MARE autorizó la compra, un hecho puesto en duda por la 'popular'.
