SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, ha defendido que las medidas adoptadas para los empleados públicos a través del plan de ajuste son "sensatas", "de sentido común" y "comunes" a las condiciones que se tienen en el resto de empresas.
La Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Administración regional, el conocido como plan de ajustes, aprobada este martes por el Parlamento, incluye una serie de medidas para el personal de la propia Administración, que afectan a cuestiones como determinados complementos, la adscripción a áreas de servicio...
Díaz ha hecho hincapié en que son medidas de carácter reversible, y que además afectan a empleados concretos, y no a la generalidad, al contrario, ha aseverado, que las que aprobó el Gobierno de Cantabria en 2010, bajo la gestión de socialistas y regionalistas.
Entre ellas ha citado la supresión de las ayudas a la acción social o la bajada de retenciones complementarias, que afectan a todo el colectivo.
En este sentido, la consejera ha instado al PRC, que afeaba al Gobierno sus planes para el sector, a que pregunte a los propios empleados si prefieren esas medidas o las de ahora que, ha aseverado, son un "soplo de aire fresco" en comparación.
Díaz respondía así a una interpelación de la diputada regionalista Alodia Blanco, para quien los cambios introducidos suponen un "adelgazamiento insoportable" de la Administración, planteado "sin planificación" y que afecta a derechos ciudadanos como la sanidad, la educación, la justicia o la seguridad, y con criterios de "persecución política".
Al hilo de esto, la parlamentaria se ha referido a la sentencia judicial que ha anulado ya alguno de estos despidos (en concreto, en la Sociedad Regional de Cultura) por su carácter político, y ha insinuado a la consejera a que en derecho penal, dictar una resolución jurídica a sabiendas es un delito de prevaricación o, en todo caso, contra los derechos de los trabajadores.
Además, ha cuestionado la cifra de despidos en el sector público estimada por el Gobierno, que lo cifró en un máximo del 10% (160) y que el PRC eleva hasta 500 sobre 2000, esto es, un 25%, por lo que ha acusado al PP de ser "la mayor fuente de paro de nuestra región".
