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Rafael de la Sierra advierte que la situación de muchos municipios "empieza a ser dramática"
SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha acusado este sábado al Gobierno de Cantabria de "privar" a los ayuntamientos de más de 60 millones de euros procedentes del Estado, pese a que la situación de muchos de ellos "empieza a ser dramática" por su incapacidad económica para hacer frente a los servicios que deben prestar a la ciudadanía.
De la Sierra defenderá en el Pleno del próximo lunes una moción en la que insta al Ejecutivo a "devolver a sus legítimos destinatarios" esas cantidades, procedentes de los fondos que la Administración Central dedica a las entidades locales a través de las diputaciones provinciales.
Dado que la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene las competencias de la extinta Diputación Provincial, es el Gobierno quien recibe las aportaciones del Estado para cooperación municipal, las cuales exceden los 60 millones anuales, una vez excluidas las partidas de personal y los gastos generales.
Sin embargo, De la Sierra denuncia en un comunicado que el Ejecutivo está empleando ese dinero en otros fines, como "realizar auditorías a la carta, despedir a trabajadores públicos, mantener el gasto improductivo por encima de lo razonable o acometer dudosas aventuras empresariales".
En consecuencia, "está incumpliendo" su obligación "como Diputación Provincial" a la hora de garantizar la prestación de los servicios mínimos por los ayuntamientos.
El portavoz regionalista, que ya interpeló sobre esta cuestión en el último Pleno del Parlamento, ha lamentado la falta de respuesta del Gobierno sobre el "desvío a otros fines de esos fondos y la consecuente reducción que sufre la prestación de servicios básicos en los municipios, la merma de la calidad e incluso la desaparición de algunos".
Por ello, la moción que defenderá este lunes insta al Ejecutivo a cumplir las obligaciones de colaboración, apoyo, financiación y coordinación jurídica, económica y técnica que las leyes le imponen "en tanto que Diputación Provincial", para conseguir que todos los ayuntamientos, y sobre todo los más pequeños, puedan atender los servicios que la ley les atribuye.
También aboga por dedicar a los ayuntamientos los fondos que recibe la Comunidad Autónoma, en tanto que Diputación Provincial, para atención de las necesidades de los municipios y para los planes de cooperación con los mismos, además de reivindicar la aprobación en el plazo de dos meses del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal y un Fondo de Cooperación Local, con la misma dotación económica y los mismos criterios de convocatoria y adjudicación que existía en la pasada legislatura.
Reclama además modificaciones presupuestarias para aprobar un Plan de Infraestructuras Municipales, con financiación anual, adjudicado con criterios objetivos relacionados con las necesidades de los municipios, la población y la extensión de los mismos y compensaciones económicas para los ayuntamientos por la falta de convocatoria del Plan de Obras y Servicios 2013 y la supresión del Fondo de Cooperación Municipal en el año 2013.
Finalmente, insta a cumplir el resto de las obligaciones que las leyes imponen a la Comunidad Autónoma, tanto en su condición de tal como en su condición de Diputación Provincial, como la asistencia en gestión financiera, prestación de servicios de administración electrónica, la contratación centralizada y el apoyo a los servicios de gestión tributaria y, en general, para que los ayuntamientos puedan prestar con eficacia y calidad los servicios que tienen encomendados.
