TOLEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este miércoles, 20 de mayo, a una mujer identificada, como María Jesús, O.B., por un delito de estafa.
Según la calificación del Ministerio Fiscal a la que ha tenido acceso Europa Press, el 6 de mayo de 2005 la acusada, junto con D.A.F., y su esposa L.F.F. suscribieron un documento probado por el que dejaban constancia de que la primera recibía de los segundos la cantidad de 6.010,12 euros, como primera entrada para por la compra de una finca en Yeles (Toledo).
El inmueble era propiedad de la mercantil Granja Reguero SA, cuyo administrador, era F.M.E., pactándose que el precio total de la compraventa sería de 136.730,25 euros, pagaderos a razón de los 6.010,12 euros ya indicados en el día de la firma del mencionado documento.
El resto del dinero se entregaría a la firma de la escritura de compraventa, en un plazo máximo de tres meses, conociendo los compradores que el auténtico titular de la misma era la sociedad precedentemente reseñada.
Asimismo, se añadió en el documento que en caso de renuncia por la parte compradora, el importe entregado ese día, es decir los 6.010,12 euros, quedarían en poder de la vendedora, la cual habría de devolver el doble caso de ser ella quien renunciara, sin que quedase acreditado que al acometer la actuación expuesta, la acusada ostentase autorización por parte de F.M.E., en su condición de administrador de la mercantil propietaria de la finca.
Por tanto, la acusada simuló ante los compradores estar autorizada por la propiedad para gestionar la venta del inmueble, venta que no llegó a materializarse por cuanto el administrador de la mercantil propietaria, la vendió a terceras personas el 11 de julio de 2005.
De este modo, F.M.E le comunicó al comprador, cuando este se puso en contacto con él, que la acusada no había sido autorizada ni en forma verbal ni escrita por dicha mercantil para poder vender la finca por la que se interesaba, lo que dio lugar a que D.F.A. se dirigiera a la acusada pidiéndola explicaciones, quien le respondió con evasivas, no devolviéndole la cantidad que este le había entregado, en concepto de arras.
El Ministerio Público pide para la acusada una pena de tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa de nueve meses con cuota de 12 euros al día, con arresto sustitutorio de un día por cada dos cuotas impagadas.
