CIUDAD REAL, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y Aproca han mostrado su rechazo al convenio que la Consejería de Salud y Bienestar Social ha realizado con el Colegio Oficial de Veterinarios de Castilla-La Mancha y, a través del cual, todos los cotos de caza tienen que efectuar un pago a dicho colegio de 310,30 € en concepto de pago por el servicio del veterinario colaborador que inspecciona las canales de las cacerías.
Así se lo hicieron saber el vicepresidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Manuel Aranda, y el presidente de Aproca Castilla-La Mancha, Luis Fernando Villena, en la reunión que recientemente mantuvieron con la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Bienestar Social y con la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.
En palabras de los representantes de cazadores y propietarios cinegéticos, desde el sector cinegético se valora la gran importancia que tiene la figura del veterinario colaborador en las fincas de caza y la necesidad de una mayor profesionalización e independencia de los mismos.
Sin embargo, consideran que este pago supone un incremento de más de un 200 por ciento respecto a campañas anteriores y que es necesario recordar el perfil social de muchos cotos de caza, cuyo objetivo no es la comercialización de las piezas de caza y sí el autoconsumo, cacerías por tanto donde el número de reses abatidas son muy reducidas.
Por otro lado, expusieron que esta medida, antes de su aprobación tenía que haber sido consensuada previamente con el sector cinegético, cuestión que no ha sido tenida en cuenta.
Por ello, la Federación y Aproca solicitaron a la Consejería una revisión del citado convenio, donde se solicita, que para determinadas modalidades cinegéticas (recechos, aguardos, caza en mano de jabalí, ganchos y batidas de autoconsumo), dicha medida no sea aplicada.
Asimismo, Aranda y Villanueva mantuvieron una reunión con la Consejería de Agricultura donde propusieron una serie de medidas que afectan a la aplicación del Reglamento 1774/2002, entre ellas, que las vísceras de reses abatidas en cacerías e inspeccionadas inicialmente por el veterinario actuante, puedan ser tiradas en el campo sin necesidad de efectuar el enterramiento.
Finalmente solicitaron a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente que se reduzcan las dimensiones de los muladares de 10.000 a 1.000 metros cuadrados con el objetivo de que un buen número de cotos se puedan acoger a esta opción de eliminación de residuos procedentes de la actividad cinegética.
