TOLEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El gerente del Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, indicó que en provincias como Ciudad Real o Toledo las resoluciones a las solicitudes de personas dependientes puede llegar a tardar "hasta un año" y confió en que se acorten los plazos a partir de marzo.
En declaraciones a Europa Press, señaló que las solicitudes de personas que quieren acogerse a la Ley de Dependencia varían en función de la provincia, siendo Toledo y Ciudad donde los plazos suelen ser más grandes, "en torno a 9 meses o un año", mientras que en Cuenca o Guadalajara se resuelven en "tres o cuatro meses".
No obstante, se mostró convencido de que a partir de marzo la Junta reducirá los plazos de resolución de solicitudes a seis meses, tal y como acordaron las comunidades y el Gobierno el pasado 25 de enero el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia siguiendo las pautas que marca la ley.
Según explicó, en Castilla-La Mancha ese compromiso de reducir ese tiempo de espera a seis meses ya se adquirió en noviembre después de que el CERMI trasladara a la Junta sus propuestas para la mejora de la aplicación de la Ley de Dependencia. Esta orden entraría en vigor a partir a los cuatro meses, es decir en marzo.
Así, Romero mostró su confianza en que a partir del mes de marzo las personas que pidan una prestación acogiéndose a la Ley de Dependencia tendrán resuelta su solicitud en un periodo máximo de seis meses. "Sabemos que se quieren incrementar los equipos de evaluación y, en ese sentido, se está haciendo un esfuerzo", dijo.
Al respecto, reparó en que las peticiones de prestación por dependencia han superado las previsiones. "Se han presentado muchas más solicitudes de las que se esperaban en su momento. De hecho, el año pasado sólo entre marzo y abril se habían presentado tantas solicitudes como se esperaban para el año", explicó.
SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES
Se trata, según dijo, de "simplificar al máximo los trámites desde que se solicita el reconocimiento de dependencia hasta que se resuelve". En este espacio de tiempo, un equipo de valoración acude al domicilio desde el que se ha pedido la prestación y, con ese informe, se elabora una resolución.
Por ello, hizo hincapié en la necesidad de que se agilicen los trámites y "se incrementen los recursos" para que la persona que se encuentra en dependencia no alargue esta situación más tiempo y reciba la ayuda que la Ley de Dependencia, en vigor desde hace tres año, le reconoce como un derecho subjetivo.
En este sentido, Romero hizo una valoración positiva de la "apuesta" del Gobierno regional por las políticas sociales al considerar que los presupuestos destinados tanto a dependientes como a discapacitados son "importantes". "Estamos contentos porque se ha apostado por las políticas sociales", afirmó.
Según datos de la Consejería de Salud y Bienestar Social, más de 26.000 personas se están beneficiando de la atención de su situación de dependencia mediante el cobro de una prestación económica o la atención en un centro o servicio especializado y, en este marco, se están prestando más de 31.000 prestaciones y servicios.
