TOLEDO, 14 Jul. (EUROPA PESS) -
El Consejo Local de la Mujer ha expresado su preocupación por el hecho de que una ley "que está bien concebida y aprobada en el Parlamento", como es la de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, "se distorsione por un mal desarrollo reglamentario y/o una mala praxis por parte de las Comunidades Autónomas, responsables de prestar este servicio, lo que pudiera derivar en la vulneración de los derechos de las mujeres".
En nota de prensa el Consejo ha dado cuenta de la resolución adoptada respecto a esta normativa, que este organismo "saluda", pues tiene como objetivo fundamental "la formación, educación sexual y la prevención de embarazos no deseados para lograr una sexualidad segura, sana y equilibrada".
"Una ley en cuyo espíritu se encuentra el respeto a la autonomía y libre decisión de aquellas mujeres que decidan interrumpir su embarazo en los plazos establecidos en dicha ley. Cuando se produzca esta decisión, se deben dar las suficientes garantías sanitarias y legales, tanto para la mujer como para los/as profesionales sanitarios", ha señalado.
En este sentido, han defendido que "es imprescindible que el sistema público de salud asuma la prestación del servicio, como garantía del principio de equidad. La excepcionalidad de privatizar la prestación que recoge la ley no puede convertirse en la generalidad para toda una región".
Así las cosas, el Consejo de la Mujer de Toledo valora la regulación de un registro de objeción de conciencia en Castilla-La Mancha para garantizar este derecho en los términos recogidos por la Ley. "Objeción que debe ser anticipada, individual, por escrito y nunca colectiva ni fruto de presiones de órganos colegiales/colegiados".
"El Gobierno regional debe velar por la conciliación entre el derecho a la objeción de conciencia de los/as profesionales y la obligación del SESCAM de prestar el servicio, asegurando la disponibilidad y contratación de profesionales suficientes en las cinco provincias".
Por tanto, este organismo considera "imprescindible la dotación de centros públicos de referencia en las cinco provincias que eviten la distorsión territorial y aseguren el efectivo ejercicio del derecho, tanto en el momento de la interrupción como en su seguimiento posterior".
