TOLEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado con el voto en contra del PSOE la Ley de Autoridad del Profesorado, después de que ambos grupos parlamentarios pospusieran la votación del texto tras el debate celebrado en el Parlamento para intentar llegar a un acuerdo.
Tras una reunión mantenida entre ambos grupos y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, para negociar las nueve enmiendas que se mantenían 'vivas', ambas formaciones no han llegado a un acuerdo, por lo que la bancada socialista ha votado en contra en aquellos artículos del texto que habían enmendado, aunque sí ha votado favorablemente al resto de artículos.
De esta manera, la Ley ha salido adelante con 25 votos a favor de los diputados 'populares' y 23 en contra, ya que un diputado socialista no ha emitido correctamente su voto.
El diputado regional socialista Santiago Moreno ha justificado la falta de apoyo de los socialistas porque "no han admitido nada de lo que tiene que ver con la comisión de convivencia de los centros y nada que suponga reconocer el mismo rango legal de la participación de la comunidad educativa", por lo que "a pesar del esfuerzo de las dos partes" no se ha podido llegar a un acuerdo.
Para Moreno, haber aceptado las enmiendas "hubiera sido bueno" ya que "hubiera reforzado la autoridad del profesorado", pero después de que los 'populares' se negaran a transar ocho de las nueve enmiendas hacen que "en coherencia" el PSOE no dé su voto afirmativo.
PP: SON EXCUSAS
Por su parte, la diputada del PP Beatriz Jiménez ha lamentado que no se haya llegado a un acuerdo, pero ha dicho al PSOE que "no se puede pretender" que se cambie el texto al completo. "No han querido llegar a un acuerdo", ha asegurado. A su juicio, los socialistas "no han votado la ley" porque "piensan que no sirve para nada, y solo ponen excusas para no votarla".
"Hoy tenía que ser un día para celebrar todos esta ley, pero lamento mucho que el PSOE siga anclado en un modelo educativo que saben que no ha funcionado".
La falta de acuerdo llega después de que el pasado 25 de abril la Comisión de Educación y Ciencia de las Cortes aprobara el proyecto de Ley, en el que se incluían nueve de las 25 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, rechazando 15 y transando una.
"UNA NECESIDAD" PARA LOS DOCENTES
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, se ha referido a la nueva ley asegurando que "se trata de una necesidad de respaldar a los responsables de la formación de más de 470.000 alumnos, y completa a nivel autonómico "la regulación existente a nivel estatal que no cubría al profesorado".
"Es una ley breve, directa, y está avalada por el incesante notable aumento de presiones contra los docentes", ha dicho, asegurando que con ella la región "tendrá el profesorado más protegido de toda España".
A su juicio, la situación "merecía una actuación rápida" para erradicar "malas conductas" del alumnado, y ha recordado que esta medida responde a un compromiso de María Dolores de Cospedal, "que anunció en campaña que se llevaría a cabo en el primer año de Gobierno".
MÁS DE 18.000 CASOS DE ACOSO
Marín ha asegurado que hay datos que certifican el "menosprecio" en algunas aulas a los profesores, ya que "es creciente la situación" de acoso hacia los maestros en algunos centros.
Por ello, se ha mostrado convencido que la Ley "fortalecerá la docencia con medidas de respeto tanto dentro como fuera del centro" y reducirá el número de casos de acoso, que ha cifrado en 18.532 en la región, registrándose "vejaciones, injurias e indisciplinas que han motivado la baja por depresión de cientos de docentes".
El consejero ha defendido la Ley como un instrumento que ayudará "en la continua búsqueda de la excelencia", con la que se podrá reducir el fracaso escolar y cumplir el objetivo para 2020.
Para Marín, el "acoso" al que se ven sometidos los docentes "tiene que ser desterrado", para lo que hay "reconducir las conductas" de parte del alumnado, algo que es una "tarea común para toda la comunidad educativa".
PP Y PSOE
La encargada de defender la Ley en el Parlamento, la diputada del PP Beatriz Jiménez, ha insistido en que esta nueva normativa asegura que el profesorado "recibirá el respeto acorde a su tarea" gracias a la iniciativa de un Gobierno "responsable" que ha decidido "crear un instrumento para salvaguardar los derechos de los docentes".
A su juicio, esta medida surge para dar respuesta a "una convivencia en los centros cada vez más compleja", ya que en algunos centros "prevalece el derecho de algunos alumnos sobre algunos profesores".
"El docente se siente desprotegido, y como consecuencia es creciente la sensibilización de la sociedad para reforzarle y mejorar la calidad de la enseñanza", ha dicho.
Por su parte, el diputado socialista Santiago Moreno ha criticado que desde el Gobierno se muestre esta ley "como si fuera la solución mágica que van a resolver todos los problemas del profesorado", asegurando irónicamente que "va a instalar a los profesores en a felicidad".
"Los profesores están tan felices, los interinos despedidos o que van a serlo, están felicísimos, porque están en paro pero son autoridad", ha aseverado.
LEY DE AUTORIDAD
Esta nueva ley recoge, entre otras cuestiones, que los alumnos de Castilla-La Mancha o las personas relacionadas con ellos que causen alguna agresión física o moral a un profesor deberán reparar el daño moral causado mediante la "petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos".
El texto añade también que la concreción de las medidas educativas correctoras se efectuará por resolución del director del centro educativo público y por la titularidad del centro en el caso de centros privados concertados, teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales, la edad del alumno, la naturaleza de los hechos y con una especial consideración a las agresiones que se produzcan en los centros de educación especial, debido a las características del alumnado de estos centros.
El proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado fija asimismo que los alumnos o personas con él relacionadas que individual o colectivamente causen, de forma intencionada o por negligencia, daños a las instalaciones, equipamientos informáticos, incluido el software, o cualquier material del centro, así como a los bienes de los miembros de la comunidad educativa, quedarán obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento, cuando no medie culpa 'in vigilando' de los profesores.
Asimismo, los alumnos, en su caso, deberán restituir los bienes sustraídos, o reparar económicamente el valor de éstos. En todo caso, quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad serán responsables civiles en los términos previstos por la legislación vigente.
