Araújo, convencida de que se alcanzará un acuerdo, pero que éste no llegará antes del 9 de agosto como pide Cataluña
TOLEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La dispersión territorial, la población, el envejecimiento de la misma, su nivel de renta, y la aplicación de la Ley de Dependencia son los indicadores que el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que se deben de tener en cuenta a la hora de negociar la reforma del sistema de financiación autonómica.
Así lo explicó en rueda de prensa la vicepresidenta segunda y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, en la que ofreció de manera resumida el planteamiento que defendió ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado ayer.
Araújo aseveró que el Gobierno regional tiene "meridianamente claro lo que espera de la negociación: recursos suficientes para que el ejercicio de todas las competencias que todos los ciudadanos sean iguales, y estos tengan las mismas posibilidades de desarrollo", independientemente de donde vivan.
La también vicepresidenta segunda valoró que por vez primera, la negociación de esta reforma parta de un documento básico elaborado por el Gobierno central "porque no es lo habitual", y destacó que Castilla-La Mancha saluda este "esfuerzo de transparencia".
Dijo que el documento presentado por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, aunque es mejorarle, tiene un punto de partida "suficiente y razonable" porque garantiza la suficiencia financiera de las comunidades; las compensa por los servicios que prestan a sus ciudadanos, y mantiene el 'Status Quo' para que la reforma no perjudique a la posición actual.
No obstante, dicho 'borrador' incluye conceptos que según la consejera deben de ser aclarados, como cuántos recursos corresponden a cada comunidad en función de la población, y otros que deben de ser incluidos, como la dispersión territorial, pues por ejemplo, a Castilla-La Mancha le cuesta más prestar servicios que a otras regiones que tienen una superficie menor.
Junto a la dispersión, a la hora de acceder a la financiación debe primar la edad de la población, y la renta per cápita de la misma, dijo Araújo, quien afirmó echar en falta que en este principio de modificación no se contemple el esfuerzo que las comunidades autónomas tendrán que hacer a la hora de poner en marcha leyes como la de Dependencia, algo para lo que necesitará más recursos, más en una región tan extensa como Castilla-La Mancha.
María Luisa Araújo explicó también las razones por las que Castilla-la Macha se opondrá al principio de nivelación, que reclaman comunidades como Cataluña. Sobre este asunto la consejera defendió que la financiación debe aportar recursos suficientes para el ejercicio de todas las competencias transferidas, y esto no supone solo la cobertura de los servicios esenciales, pues incluye agricultura, desarrollo industrial, u ordenación del territorio y vivienda.
"Desde Cataluña y otras comunidades parten de la idea de que es la comunidad la que aporta recursos al sistema y se olvida de que quien aporta recursos al conjunto del Estado somos los ciudadanos, que contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos", apuntó Araújo, que añadió que cualquier argumento que intente hacer creer que es una comunidad la que sostiene el gasto público que se genera en otra es rechazable por su naturaleza inconstitucional.
ACUERDO GLOBAL
Por ello, concluyó que el documento con el que Solbes acudió al Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer es "suficiente" para comenzar a negociar pero queda mucho por decir, y se mostró confiada en que se llegará a un acuerdo global, pero no antes del 9 de agosto como reclama Cataluña, coincidiendo con la entrada en vigor de su nuevo Estatuto de Autonomía.
En cuanto a la metodología para alcanzar ese acuerdo, esto es, las negociaciones bilaterales, Castilla-La Mancha, dijo la responsable de las finanzas regionales, siempre defenderá que el procedimiento en la negociación sea con carácter multilateral, para que todas las regiones tengan la misma voz e influencia, sin perjuicio de los contactos bilaterales, entre Gobierno central y territorios.
De lo que sí se mostró convencida es de que de ningún modo las negociaciones bilaterales perjudicarán a los intereses de Castilla-La Mancha, pues según matizó Araújo finalmente lo que cada comunidad pida quedará estampado en un único documento, que recogerá las peticiones de todas, y que tendrá que ser aprobado por el conjunto "y si no recoge las demandas de cada comunidad no lo aceptaremos", aseguró.
Tampoco descartó la consejera la posibilidad de mantener encuentros con sus homólogos de otras comunidades, indicando que éstos son comunes, y que por tanto si surge la ocasión no tendría inconveniente en hacerlo.
