TOLEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Educación y Ciencia recurrirá el nuevo auto del Juzgado número 2 de lo contencioso-administrativo de Albacete, que declara la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y que, según este departamento, afecta de hecho sólo a 11 alumnos, pues "el resto de los escolares cuyos padres reclamaban su derecho a la objeción se encuentran escolarizados en cursos en los que no se impartirán estas materias".
Desde la Administración educativa se insiste, al igual que en el auto anterior, que esta decisión judicial no tendrá ningún efecto real sobre la implantación de la asignatura en Castilla-La Mancha en el resto del alumnado, informa la Junta en un comunicado.
La Consejería respeta todas las decisiones judiciales, pero reitera que, de los 52 alumnos implicados en el auto, sólo 11 están realmente afectados, pues 4 cursarán Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 2º de la ESO, 5 Educación Ético-Cívica en 4º de la ESO, y 2 Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachillerato, materias éstas últimas que, con parecida denominación y similares contenidos, se han venido impartiendo con normalidad desde hace años.
Concluye afirmando que Castilla-La Mancha implantará Educación para la Ciudadanía porque así lo establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), una Ley que está avalada por mayoría absoluta en el Congreso, y que contó con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios y cuyos contenidos no fueron recurridos.
Asimismo, cuenta con el impulso del Consejo de Europa que aprobó en 2002 una Recomendación a los Estados miembros instándoles a "hacer de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y sus reformas".
La Consejería de Educación respeta la decisión de las familias al recurso a los tribunales y a optar por los cauces legales que considere oportunos, y señala que "la objeción de conciencia a estas materias no deriva directamente de la Constitución, sino que necesita de un reconocimiento legal, un reconocimiento que la LOE no contempla".
Asimismo, apuntó que mientras el Tribunal Supremo o el Constitucional no se pronuncien al respecto, la asignatura es una más del currículo escolar, y no cursarla supone ir en contra de la Ley.
