TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma "Toledo Educa en Libertad" presentó hoy un total de 291 objeciones de conciencias contra la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), que se suman a las 8.790 que ya se han presentado en Castilla-La Mancha, y a las más de 41.000 existentes en España.
En declaraciones a los medios, la coordinadora de la Plataforma, Cristina Rodríguez, calificó este "paso hacia adelante" de forma muy "positiva", porque cuando la plataforma se puso en marcha en abril, "nuestro objetivo era informar a los padres para que pudieran elegir libremente, y la respuesta ha sido masiva", ya que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad, por detrás de Madrid, en número de objeciones de conciencia presentadas.
En este sentido, aseguró que el siguiente paso es "seguir luchando", porque hasta ahora hay presentados 120 recursos contencioso-administrativos, "que no son pocos", y muchos recursos de alzada.
Por su parte, el presidente de la asociación de profesores "Educación y Persona", Carlos Jariod, explicó que a lo largo del verano se irán recibiendo más objeciones de conciencia por parte de padres de alumnos, que se presentarán de nuevo en la Delegación provincial de Educación en septiembre.
Asimismo, señaló que es un proceso que, "lógicamente", sigue su curso, ya que la idea es recurrir a las desestimaciones que se han ido produciendo estos meses "y a las que se seguirán produciendo en el futuro". De este modo, Jariod aseguró que en Castilla-La Mancha "continuaremos todo este proceso jurídico por un lado, y por el otro, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en los institutos de la Comunidad Autónoma".
También habrá que ver, indicó, qué tratamiento va a llevar a cabo la Administración regional con los padres objetores porque, de momento, la asistencia a clase el próximo curso es obligatoria. "Lo que pedimos a la Administración es que respete el derecho de objeción de conciencia de las familias". "Lo que pase dependerá de la reacción de la Administración autonómica", con la que, de momento, las plataformas de padres objetores no han tenido ningún contacto.
Finalmente, Jariod sentenció que el deber de la plataforma es informar a la sociedad sobre "el carácter adoctrinador" de Educación para la Ciudadanía, y hacerla ver que "es uno de los asuntos más graves que acontece en el ámbito educativo español", concluyó.
