GUADALAJARA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, presentó hoy en Sigüenza (Guadalajara), la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada el pasado día 29 en el Congreso de los Diputados, y de la que se beneficiarán un total de 910 municipios, de los 919 existentes en Castilla-La Mancha.
En el acto, y acompañada por el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y el Alcalde de Sigüenza, Francisco Domingo, Espinosa recordó que esta norma tiene como objetivo el mantenimiento de la población y la mejora de la calidad de vida y renta de sus habitantes de este medio. En cuanto a los 910 municipios de la Comunidad Autónoma que se beneficiarán de ella, 85 corresponden a la provincia de Albacete, 99 a la de Ciudad Real, 237 a la de Cuenca, 287 a Guadalajara y 202 a Toledo. En ellos viven más de 1.296.000 personas, lo que representa el 67% de la población de Castilla La Mancha.
La Ley, destaca la importancia que en el conjunto del Estado tiene el medio rural, al que pertenece el 90 por ciento del territorio y más del 90% por ciento de los municipios, así como el 35 por ciento de la población, lo que equivale a más de 14 millones de personas, informó el Ministerio en nota de prensa.
Integra, por primera vez, la actuación de 12 departamentos ministeriales, con el fin de que todas las políticas en el medio rural tengan un carácter coordinado y convergente, creando para ello la Comisión Interministerial para el Medio Rural, formada por todos los departamentos afectados.
La nueva Ley va a permitir establecer políticas de carácter horizontal en Desarrollo Rural en materias como educación, cultura, sanidad, vivienda, transportes, comunicación entre territorios y seguridad en el medio rural entre otras.
También pretende lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el deterioro del patrimonio natural, favoreciendo la biodiversidad o facilitando, en su caso, su recuperación, y propiciando una mejor planificación de los recursos naturales.
Un instrumento importante en su contenido es el contrato territorial, que permite una relación contractual entre las administraciones públicas y los titulares de las explotaciones agrarias, para orientar e incentivar su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible.
Para establecer la debida coordinación de las políticas rurales, crea un Consejo para el Medio Rural que integra a la Administración central, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, estableciendo también entre sus instrumentos, una Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, destinada a canalizar las demandas de estos colectivos, con representantes en todos los puntos del territorio.
El conjunto de iniciativas derivará en la confección de un Programa para el Desarrollo Rural de carácter plurianual, (el primer Programa general tendrá una duración de cinco años), que será sometido a informe del Consejo para el Medio Rural, y deberá ser aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros mediante un Real Decreto.
La Ley contempla un tratamiento diferencial con los territorios, buscando la cohesión de los mismos, estableciendo para ello tres grandes grupos conceptuales de carácter territorial.
Las primeras de ellas serían las áreas a revitalizar, caracterizadas por su situación de gran despoblamiento, con bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico, que correspondería a más de 3.700 municipios y mas de 4 millones de personas, significando en términos de superficie más de la mitad del territorio, en concreto 257.000 kilómetros cuadrados.
Por otra parte, las zonas intermedias serían aquellas con una densidad de población baja o media y niveles de renta medios o bajos, integrando este segmento más de 3.200 municipios, más de 4 millones de personas y cerca de 125.000 kilómetros cuadrados.
Por último, las áreas periurbanas serían las que cuentan con una población creciente y unos niveles de renta medios o altos, que beneficiará a cerca de 1.700 municipios y aproximadamente seis millones de personas, con una superficie de alrededor de 67.000 kilómetros cuadrados.
La Ley pretende alcanzar unos elevados niveles de concertación con las Comunidades Autónomas que, en definitiva, serán gestoras del desarrollo de muchas de las medidas del Programa para el Desarrollo Rural.
