TOLEDO, 18 May. (EUROPA PRESS)
El presidente de Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, afirmó hoy que en Castilla-La Mancha existen decenas de miles de afectados por la presunta estafa de Afinsa y Fórum Filatélico fruto del "desarrollo histórico y de la apariencia de solvencia financiera" de las empresas durante sus 25 años de gestión. Además, aseguró que la Administración regional tiene "responsabilidad política genérica" en la defensa de los intereses de los castellano-manchegos.
En rueda de prensa, Pinedo admitió que en algunos municipios de Castilla-La Mancha el 99 por ciento de sus habitantes se encuentran damnificados por la intervención de las empresas filatélicas, hecho que afecta a familias íntegras, y destacó la gravedad del caso en que los ciudadanos realizaron su aportación como una inversión principal y no diversificada o marginal.
Asimismo, el presidente de Ausbanc no reconoció una responsabilidad directa de la Administración regional en el caso, pero sí una "política genérica" por la aportación de subvenciones a las asociaciones de consumidores perteneciente al Consejo de Consumidores y Usuarios. De hecho, recalcó que debe "instrumentalizar los medios para ofrecer una defensa real, efectiva y eficiente de los intereses de los castellano-manchegos".
De este modo, solicitó que las subvenciones se concedan a los ciudadanos como un "cheque escolar" para que estos elijan a la asociación que defienda "con lealtad" sus intereses y denunció una campaña contra las organizaciones que no reciben dinero público mediante el argumento de que éstas les cobran cuotas.
Pinedo explicó que la asociación que preside ha interpuesto querellas en el ejercicio de la acción popular en los Juzgados centrales de la Audiencia Nacional contra los gerentes de las empresas intervenidas. También se personará en el procedimiento de concurso de Afinsa y Fórum Filatélico para velar por los derechos de los afectados asociados a Ausbanc Consumo.
Asimismo, Ausbanc ofrecerá a los asociados una carta tipo para que los damnificados la remitan a los bancos para que estos no les pasen más recibos de las empresas filatélicas y les suministrarán un gabinete de abogados para su asesoramiento.
RESPONSABLES.
El presidente de Ausbanc anunció que entre las acciones que realizarán se encuentra la solicitud de dimisión o de cese del subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, y de la directora del Instituto Nacional de Consumo (INC), Ángeles Heras, al considerarles "responsables directos" de esta situación dada su "actuación de desidia en materia de consumo" tras la dos años sin que se desarrollase un modelo normativo respecto a la inversión en bienes tangibles.
Así, basó su exposición en la falta de previsión, pasividad e inoperancia puesto que no se ha desarrollado la Disposición Adicional 4ª de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) que establece el deber de información al cliente de los elementos del contrato y la legislación, así como el desarrollo de las garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo que se establezca.
Asimismo, les responsabilizó de que tampoco se actuará en la elaboración del Real Decreto 1309/2005 que establece que "el desarrollo de las demás instituciones de carácter no financiero queda pendiente del posible desarrollo que pudiera hacerse en el futuro por orden ministerial".
De este modo, Pineda explicó que las empresas se comprometían a recomprar los sellos mientras hubieses nuevos clientes dispuestos a adquirirlos y señaló que el Ministerio de Sanidad y Consumo y el de Economía y Hacienda debería haber regulado su crecimiento para que se estableciera una suficiencia en sus recursos propios.
Por este motivo, implicó a Economía y Hacienda en la responsabilidad de este caso como consecuencia de que en 2003 se exigió que en vez de provisionar parte de los beneficios se destinaran a beneficios para realizar una imposición mayor.
No obstante, también acusó de ser "cómplices" y de mantener una actitud "vergonzante" a la Organización de Consumidores y Usuarios por no haber enviado un informe relativo a este sector a los órganos competentes, a la Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros (Adicae) por su falta de transparencia en la información de Afinsa con Hacienda y por negligencia al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).
También, requirió a la Audiencia Nacional una explicación sobre la intervención de estas empresas y las causas que se les imputan en el sumario ya que, a su juicio, lo único que se sabe procede de los medios de comunicación y admitió que la "sobrevaloración no es delito". Finalmente, anunció que presentará una solicitud de amparo al Defensor del Pueblo el próximo martes para exigir la dimisión de los responsables de Consumo.
