Catalá dice que el aplazamiento de la junta de acreedores de la AP-36 Ocaña-La Roda "da algo más de tiempo"
MADRID/TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los ministerios de Fomento y Hacienda continúan analizando las eventuales soluciones para la decena de autopistas de peaje en riesgo de quiebra, según aseguró el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.
El 'número dos' de Fomento reconoció que el aplazamiento de la junta de acreedores de la sociedad concesionaria de una de estas vías en quiebra, la AP-36 Ocaña-La Roda, hasta el próximo 18 de julio, desde la fecha del 20 de abril inicialmente prevista, "da un poco más de tiempo" para resolver el problema de las autopistas.
Los Ministerios de Hacienda y Fomento llevan unos dos meses analizando entre dos alternativas, la de integrar las vías en problemas en una sociedad pública o bien proceden a una liquidación ordenada, sin descartar esta última opción si tuviera un menor impacto en las arcas públicas, según indicaron recientemente a Europa Press en fuentes del sector.
Tras clausurar la asamblea anual de la patronal de ingeniería Tecniberia, el secretario de Estado de Infraestructuras indicó que estos dos Departamentos siguen trabajando.
"SIN APORTAR RECURSOS PÚBLICOS".
"Seguimos trabajando, es un tema complejo, de gran trascendencia y con no fáciles soluciones", indicó el 'número dos' de Fomento, quien "insistió" en que la solución debe pasar por "dar viabilidad a estas vías, sin aportar recursos públicos, atendiendo a muchos intereses", detalló en referencia a los agentes que intervienen en el proceso (concesionarias, constructoras, bancos y Administración".
Además de la AP-36, entre la decena de autopistas actualmente en quiebra figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera.
Todas estas vías están actualmente en concurso de acreedores ante los desequilibrios económicos que les generó los sobrecostes que supusieron las expropiaciones de los terrenos y la caída de ingresos por los descensos de los tráficos desde el inicio de la crisis.
Para solventar su situación, el Ministerio de Fomento proyectó la integración de las vías en una sociedad pública, controlada al 80% por el Departamento y en el 20% restantes por las actuales concesionarias de las autopistas. El modelo, al que la banca acreedora ya ha dado el 'visto bueno' se analiza actualmente con Hacienda.
