MADRID/TOLEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado este miércoles en el Congreso que su departamento modificará la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para "hacerla más operativa y eficaz" tras constatarse las dificultades en su aplicación.
"El Gobierno apuesta por la aplicación de una política de desarrollo que permita seguir actuando en aquellas zonas rurales más desfavorecidas, en las que es necesario hacer mayores esfuerzos para evitar su abandono y despoblamiento", ha defendido.
Así, ha señalado que el planteamiento de la actual normativa dificulta enormemente su aplicación, especialmente a la luz de los "limitados recursos existentes y los ambiciosos objetivos perseguidos" en materia de coordinación de las instituciones que trabajan para el medio rural.
SÓLO SEIS COMUNIDADES HAN AVANZADO
Esto ha provocado, según Cañete, que sólo seis comunidades autónomas --La Rioja, Galicia, Aragón, Asturias, Navarra y Castilla y León-- hayan llegado a elaborar los Planes de Zona, y de ellas únicamente dos --La Rioja y Galicia-- hayan firmado convenios con el Ejecutivo central.
"Es un largo proceso para poner en marcha una ley burocrática y compleja, lo que crea frustración en el medio rural por los retrasos, que han reducido las expectativas iniciales", ha lamentado el ministro, criticando también el "complejo sistema de gobernanza" previsto en la normativa, que incluye tres órganos consultivos.
Por eso, el Ministerio "prevé la modificación de la Ley para hacerla más operativa y eficaz, orientando el desarrollo del medio rural mediante acciones que potencien su desarrollo socio-económico, centradas en los sectores agrario, forestal, alimentario y pesquero".
ÓRGANOS CONSULTIVOS
En la misma línea, Cañete también ha anunciado que se modificará la Ley de Creación de Órganos Consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario en materia de representatividad en los dos órganos existentes, ya que actualmente la norma "sólo establece criterios respecto a las Organizaciones Productoras Agrarias pero no para el resto de organizaciones a pesar de que la exigencia de ser más representativa afecta a todas".
Según el ministro, los dos órganos consultivos reconocidos en la ley --el Consejo Agroalimentario del Estado y el Comité Asesor Agrario-- tienen como objetivo informar, formular sugerencias, recomendaciones y proponer medidas. Sin embargo, "pese a su carácter consultivo carecen de autonomía tanto por la composición paritaria entre la parte privada y la pública como por el carácter no vinculante de sus deliberaciones".
Además, a su juicio el diseño de la representatividad "presenta insuficiencias notables", tales como "la falta de transparencia en el reconocimiento por diez comunidades autónomas ya que los criterios utilizados en la medida de la representatividad pueden ser distintos en cada una de ellas".
Finalmente, con respecto a la consideración de electores, la ley incluye a las personas físicas afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia por actividades agrarias y a las personas jurídicas que ejerzan esta actividad. "Sin embargo, esta previsión puede dejar fuera del censo a personas que ejerzan la actividad sin ajustarse a ninguna de las situaciones anteriores así como a otros colectivos complementarios", ha zanjado.
