TOLEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS)
El consejero de Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil, recalcó hoy que primero es necesario "legalizar y luego aprobar" el Plan Actuación Urbanizadora (PAU) de las Tres Culturas de Toledo, para poder después entrar a considerar el PAU de la finca de Buenavista del Tajo, con lo que "nunca se podrá legalizar" este último sin que este legalizado el de las Tres Culturas.
A preguntas de los medios en rueda de prensa, Gil precisó no obstante que pretende ser prudente y cauteloso en este tema porque aún no ha llegado a la Consejería el acuerdo detallado del Pleno del Ayuntamiento toledano sobre los PAU's y por tanto no se saben las condiciones definitivas porque hubo "ciertas dosis de confusión", aunque si el Ayuntamiento hubiese aprobado estos PAU's de manera irregular, continuó, el recurso que le quedaría a la Junta sería ir a los tribunales, tras requerir en primera instancia al Ayuntamiento.
Después de que ayer el pleno de Toledo aprobara dos planes de Acción Urbanizadora para la construcción de 156 viviendas en el complejo hospitalario de las Tres Culturas y 500 viviendas en la 'Finca Buenavista del Tajo', ampliación de la anterior, recalcó que la situación del Tres Culturas se puede legalizar pero "no de buenas a primeras" sino obligando al promotor a ceder zonas verdes y dotaciones, e imponiendole una sanción.
Gil insistió en que la Consejería sigue en la línea de colaborar con el Ayuntamiento para resolver este problema, sobre todo, para no afectar a los 134 vecinos que compraron viviendas "de buena fe" y a los que "no se les puede perjudicar", por lo que a su juicio, insistió, la solución está en legalizar la situación conforme a la ley "y después" apruebar los dos PAU's conforme a la LOTAU.
Recordó que el Ayuntamiento propuso en 1995, y autorizó la Junta, una actuación urbanística hospitalaria en las Tres Culturas, con un hospital y además, se establecerían unidades residenciales como alojamientos para los familiares. Dijo que se tergiversó "bastante" la finalidad inicial, porque estas unidades se transforman en viviendas de mercado libre, algo que se ha advertido al Consistorio, sin que "haya hecho nada".
En este sentido, insistió en que las opciones en este caso eran obligar a demoler la actuación, con el consiguiente perjuicio a las familias, o legalizar la actuación urbanizadora sancionando a la promotora e instandola a ceder al Ayuntamiento los terrenos suficientes para zonas verdes y dotaciones públicas.
Por último, el consejero, preguntado un replanteamiento de las competencias de los ayuntamientos tras las detenciones en el Ayuntamiento de Marbella, dijo que "en general" la distribución competencial en Castilla-La Mancha está "bastante bien atribuida", recordando que son los consistorios los que tienen que proponer los desarrollos de sus municipios.
Al respecto, indicó que es la Consejería la que vigila el cumplimiento de la ley, y en el caso en el que esto no se produce se actúa por medio de los tribunales si no se han observado esos requisitos legales. Recalcó no obstante que las comunidades autónomas tienen limitaciones a la hora de ejercer "disciplina urbanística".
