TOLEDO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores Cospedal, está poniendo en marcha un conjunto de reformas que están permitiendo transformar la Administración regional en un firme aliado de la actividad empresarial.
Según ha informado la Junta en nota de prensa, una de las iniciativas impulsadas durante el año 2013 por el Ejecutivo regional fue la Ley de Adecuación de Procedimientos Administrativos y Reguladora del Régimen General de la Declaración Responsable y Comunicación Previa, que fue aprobada por unanimidad en las Cortes castellano-manchegas.
Esta norma facilita la relación del ciudadano con la Administración y va a permitir que se lleven a cabo proyectos empresariales y de emprendimiento que antes no se podían realizar porque encontraban un muro en la Administración.
Entre las novedades que presenta la norma está el establecimiento del silencio administrativo positivo como regla general. Por tanto, los ciudadanos van a entender estimadas sus solicitudes cuando la Administración no conteste, algo que va a dotar a sus trámites de una mayor agilidad.
Esta ley fija que los 177 procedimientos con silencio desestimatorio, establecidos en la anterior regulación, se han reducido a 73, un 59 por ciento menos. Además, de los 48 procedimientos en los que el plazo de resolución y notificación superaba los seis meses han quedado tan solo nueve, lo que supone una reducción del 82 por ciento.
PRINCIPIOS DE MÉRITO Y CAPACIDAD
Por otra parte, durante el pasado año, el Gobierno de la presidenta Cospedal también ha impulsado la Ley de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Esta Ley, además de mejorar la protección y defensa de los intereses generales de los ciudadanos, va a incrementar los controles jurídicos internos y va a permitir contar con un personal estable, experto y seleccionado por principios de mérito y capacidad, al tiempo que va a proporcionar mayor coordinación y uniformidad en la actuación de los servicios jurídicos de la Administración regional.
Otra de las medidas más relevantes que se han adoptado en 2013 ha sido la de poder finalizar el año con el contador a cero con respecto a la deuda que se mantenía con las entidades locales desde el año 2008, en concepto de conciertos asistenciales.
Con la puesta en marcha de la última fase del mecanismo de pago a proveedores, se ha inyectado un total de 347 millones de euros que han llegado a prácticamente todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Esto ha permitido poner fin a las deudas del anterior Gobierno socialista, que pusieron en serio riesgo los conciertos sanitarios, educativos y asistenciales en la Comunidad Autónoma.
MEJORA DE LA IT Y TELETRABAJO
Además, gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos y al saneamiento de las cuentas, que han permitido cumplir con el objetivo de déficit y garantizar los servicios sociales básicos, se solicitó al Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales la presentación de una iniciativa en materia de Incapacidad Temporal (IT), para equiparar a los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los de la Administración General del Estado.
Asimismo, también se ha puesto en marcha el régimen del teletrabajo en la Administración regional, que posibilita a los empleados de la Junta fomentar la conciliación laboral con la vida personal y familiar, ya que ofrece la posibilidad de trabajar desde un lugar distinto al centro de trabajo y en el horario que se acuerde con el empleado.
Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que "se ha avanzado mucho" en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en la Administración pública regional, gracias a la implantación de la firma electrónica y del Tablón de Anuncios electrónico.
"Con ello, el Gobierno de la presidenta Cospedal ha ampliado el uso de estas herramientas en la Junta de Comunidades y es un ejemplo de la apuesta por las nuevas tecnologías para lograr mayor eficiencia de los trámites y calidad en los servicios, así como de facilitar el acceso y los trámites de los ciudadanos con la Administración regional".
