TOLEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, José Miguel Benito, ha asegurado que el departamento que dirige José Ignacio Echániz, "no aceptará chantajes en la aplicación de la Ley de la Dependencia", ante las "amenazas" de miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, que han amenazado con encerrarse en algún edificio público si los dependientes no cobran en febrero el mes de enero.
En nota de prensa, el secretario general de esta consejería ha mostrado su "profundo malestar, aunque no extrañeza por las versiones tergiversadas y amparadas en datos manifiestamente falsos que ha empezado a distribuir por algunos medios de comunicación" la Plataforma.
Asimismo, ha expresado su "total rechazo" a cualquier forma de presión como las planteadas, entre las que se incluye la amenaza de encierros en dependencias públicas, "un intento de chantaje que procede de personas que incluso han alardeado públicamente de grabar conversaciones privadas sin permiso previo de su interlocutor, a traición".
Según ha puntualizado José Miguel Benito, al encuentro celebrado a las ocho de la mañana del pasado lunes, hora de inicio de la jornada laboral en la Consejería, sólo compareció el portavoz de la referida asociación y pese a ello se prolongó por espacio de una hora.
TERCERA VEZ
Esta es la tercera ocasión en que desde la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales un alto cargo de la misma recibe a miembros de la citada plataforma, "lo que es una buena prueba de nuestro carácter dialogante, que contrasta muy a las claras con el afán de protagonismo de José Luis Gómez-Ocaña y de quienes le siguen en sus acciones de propaganda", ha dicho el secretario general.
Así, ha denunciado que la respuesta a esta actitud fue, en cambio, "una amenaza expresa de iniciar encierros en instalaciones públicas algo que no podemos consentir ni siquiera como exabrupto".
Más allá de esa circunstancia, este responsable autonómico ha reiterado "el compromiso firme del Gobierno de Castilla-La Mancha de cumplir con la Ley de la Dependencia y de atender todas nuestras obligaciones con criterios de equidad, sin favorecer más a unos por encima o a costa de otros".
José Miguel Benito ha apuntado que "la gestión de los fondos públicos tiene que ser justa y eficiente". "Nosotros debemos gestionar con la mayor eficacia los escasos recursos que nos han dejado los anteriores gobiernos regionales, que han arrasado esta Comunidad Autónoma. Si no hay para atender a todos con todo, lo justo es administrar los recursos disponibles".
"INSOLIDARIDAD DE LA PLATAFORMA"
Benito ha recalcado que "las actitudes y exigencias de esa Plataforma, creada con la llegada al Gobierno del PP y que está dirigida por personas que pertenecen a un determinado partido político, en concreto al PSOE, no admiten comparación con la actitud de la inmensa mayoría de la sociedad de Castilla-La Mancha, que entiende perfectamente por lo que estamos pasando, fruto de la negligente gestión socialista, y que estamos obligados a priorizar en la asignación de unos recursos muy escasos".
"La insolidaridad de esa Plataforma de puro contenido político es tan evidente que ofende a todos los que sí demuestran su solidaridad y ganas de sacar a esta región del agujero en vez de ser cómplices de quienes la llevaron hasta allí", ha denunciado.
Por ello, el secretario general ha lamentado "la facilidad con que Gómez-Ocaña recurre a la amenaza para defender unas posturas que, vistas con objetividad, parecen más destinadas a defender intereses personales muy concretos cuando no una afinidad y compromisos políticos con el PSOE de Castilla-La Mancha, como ya ha quedado acreditado por su connivencia con Matilde Valentín, que ni siquiera negó en un momento de nuestra larga conversación".
SIN REPRESENTATIVIDAD
Además, recuerda que en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales no consta ningún registro de supuestos socios de la Plataforma, "algo que sería lo mínimo exigible a quienes se arrogan una representatividad que en ningún caso tienen".
"El interlocutor del sector sigue siendo el CERMI, que mantiene una actitud irreprochable. Y, en último caso, el representante legítimo e incontestable de todos los castellano-manchegos es esta Administración, consecuencia del veredicto de las urnas que algunos se empeñan en ignorar o no aceptar", ha concluido José Miguel Benito.
