TOLEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Todas las leyes y reglamentos que se tramiten en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha deberán incluir en sus memorias un informe sobre el impacto de la norma en la infancia y la adolescencia en la región, según el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno.
Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles en rueda de prensa el portavoz regional, Nacho Hernando, quien ha apuntado que este acuerdo es consecuencia de la adhesión por parte del Gobierno regional al Pacto por la Infancia, impulsado por Unicef, el pasado mes de enero.
Es fruto igualmente, ha señalado Hernando, del compromiso adquirido por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, en el Consejo de Gobierno abierto que la Junta celebró junto con Unicef en diciembre del año 2016.
PACTO POR LA INFANCIA
El portavoz del Gobierno autonómico ha explicado que ese compromiso se le da forma ahora con el Pacto por la Infancia, que en su primer punto contempla impulsar la elaboración de políticas de infancia y adolescencia dentro del marco jurídico autónomo para los avances en los sistemas de prevención y protección de la infancia en la comunidad.
Con todo, ha apuntado que será la Consejería de Bienestar Social la que se encargue de elaborar unas instrucciones, que se van a trasladar a todas las consejerías para que incluyan informes de este tipo en todos los decretos ley y reglamentos.
"Se va a realizar este informe de impacto en la infancia de manera simultanea a la elaboración de un proyecto normativo que desde su inicio hasta su finalización deberá dar respuesta a una serie de preguntas relacionadas con los derechos de los niños para evitar su discriminación por algún motivo de raza, sexo o religión", ha argumentado.
PROTECCIÓN FRENTE A ADICCIONES
También tendrá que responder la norma que se elabore, ha afirmado Hernando, a si vela por la protección de los niños frente a adicciones, como lo videojuegos o móviles, o si reconoce sus derechos a la libertad de expresión.
Además, ha apuntado que se pedirá la colaboración a la hora de elaborar los informes de entidades y expertos de infancia y se tendrá en cuenta el catálogo de derechos que establece la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño, de la que España forma parte.
Hernando ha manifestado que el objetivo de esta medida es continuar con este proceso de valoración de los efectos de las medidas que se toman por parte de los poderes públicos para el bienestar de los niños, y está en el compromiso del Gobierno regional de colaborar en el desarrollo del Pacto regional por la Infancia.
