TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Toledo acoge desde este martes y hasta el próximo jueves, un juicio contra siete personas --G.J.M.V., C.A.T.H., A.M.D.A., W.L.C.N., J.R.C.R., J.M.C.V. y G.M.A.-- acusados de formar parte de una organización con intención de instalar, entre abril y mayo de 2010, un laboratorio clandestino de cocaína en Fuensalida (Toledo). El Ministerio Público pide 12 años de cárcel para cada uno de ellos.
Según el escrito de acusaciones provisionales del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados formaban parte de un grupo estructurado con asignación de medios y reparto de tareas "preordenando a la ejecución de una actividad ilícita de tráfico de sustancias estupefacientes".
De este modo, la Fiscalía afirma que las tareas del grupo abarcaban desde la recuperación y manipulación de droga para convertirla en clorhidrato de cocaína, hasta su posterior distribución entre terceras personas mediante venta.
Para esta última acción, el fiscal afirma que los acusados utilizaban los productos químicos que fueron encontrados en el registro de la parcela 47 del polígono 13 de Fuensalida (Toledo), como hexano, metilcetona, ácido colorhídrico, ácido sulfúrico, amoniaco y sosa caústica, así como recipientes, filtros o básculas.
TAREAS
El Ministerio Público considera que el acusado C.A.T.H. era la persona enviada a España por los responsables de la organización en Colombia para supervisar la instalación del laboratorio, "siendo igualmente el responsable de transmitir las instrucciones y las órdenes que aquellos les daban al resto de los acusados".
Asimismo, afirma que G.J.M.V. era el encargado de la instalación y control del laboratorio, teniendo igualmente que gestionar los traslados a Colombia de las personas que la organización le requería y siendo el responsable también adquirir o alquilar coches o fincas para, con su mujer --la procesada A.M.D.A.-- ser el encargado de proporcionar alojamiento a los miembros de la organización.
Para la Fiscalía, el acusado W.L.C.N. era la persona designada por la organización en Colombia para dirigir el laboratorio, siendo los procesado J.R.C.R. y J.M.C.V. las personas que le ayudaban.
Por su parte, afirma que el procesado G.M.A. era el encargado de proporcionar para su alquiler las fincas destinadas al almacenamiento de sustancias estupefacientes y productos químicos para su tratamiento, "manteniendo para ello contacto con los demás miembros de la organización".
PRIVADOS DE LIBERTAD
Todos los procesados, salvo G.M.A, han estado privados de libertad por esta causa desde el 24 de julio de 2010.
El Ministerio Público considera estos hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública --en modalidad de sustancias que causan grave daños a la salud--, por lo que pide para cada uno de los acusados 12 años de cárcel y una multa de 2,7 millones de euros.
