MADRID/TOLEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los obispos españoles han solicitado a la Santa Sede un mandato especial para promulgar un decreto general para toda la Iglesia en España para luchar contra los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y religiosos. Este decreto ofrecerá "cauces" para que cualquier víctima o persona que tenga conocimiento de encubrimiento pueda denunciarlo. También obligará a los obispos a informar ante la Fiscalía de estos casos.
"La Conferencia Episcopal dará cauces para que personas que quieran denunciar (un caso de abusos que han sufrido) o que conozcan una situación de encubrimiento puedan manifestarlo. No vamos a ir con lupa sitio por sitio a ver lo que ha ocurrido porque sería complicado pero estableceremos cauces", ha anunciado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.
Además, en un corrillo con periodistas tras la rueda de prensa, el portavoz de los obispos ha precisado que en este decreto también se incluirá la obligación de los obispos de informar de estos casos de abusos a la Fiscalía. En todo caso, el decreto no se someterá a votación para su aprobación hasta la próxima Asamblea Plenaria de la CEE, que se celebrará el próximo mes de noviembre de 2019, según han precisado a Europa Press fuentes de la CEE.
Antes, los obispos deberán haber recibido la autorización del Vaticano para que "legislen" y elaboren este decreto, aunque, según ha precisado el secretario general, ya lo tienen "prácticamente elaborado". "Pedimos que la Santa Sede nos de autoridad para que la CEE pueda legislar para todo el territorio español, para todos los obispados y para todas las congregaciones religiosas", ha matizado. Según ha puntualizado, la española es la primera conferencia episcopal del mundo que pide permiso a la Santa Sede para legislar sobre todos los obispados de España.
Asimismo, los obispos están preparando un directorio donde se ofrezcan orientaciones precisas para la prevención de los abusos y el acompañamiento pastoral a las víctimas.
Además, en el decreto quieren incluir que las víctimas de abusos fuera de la Iglesia puedan acudir también a los recursos que pongan en marcha. Para Argüello, en los casos de abusos hay cuatro tipos de víctimas: las directas, que sufren los abusos, que es "un grupo minoritario"; las víctimas de abusadores no eclesiásticos; los acusados "injustamente" porque aunque "el número de acusaciones falsas es pequeña", el acusado queda "marcado"; y los fieles que quedan "escandalizados".
Aunque todavía faltan al menos siete meses para que se vote y, previsiblemente, se apruebe este decreto contra los abusos en la Iglesia, el secretario general de los obispos ha asegurado que "el simple hecho de estudiar este decreto supone un ejercicio de cambio de mentalidad".
En todo caso, ha criticado que cuando hay un caso de abusos se ponga el foco sobre la jerarquía de la Iglesia, mientras no se hace, a su juicio, en otros ámbitos. "Cuando hay entrenadores que desgraciadamente han cometido abusos, ¿se mira al presidente de la Federación? Cuando ocurren en un colegio, ¿se mira al ministro de Educación?", ha preguntado.
CON LENTITUD, SIN PEDIR SUFICIENTE PERDÓN
Si bien, Argüello ha reconocido que "seguramente" la Iglesia ha actuado "con lentitud, sin pedir suficientemente perdón y mirando a otro lado" ante los casos de abusos pero ha defendido que ahora están actualizando sus protocolos.
En cuanto a una posible investigación de los casos del pasado, ha insistido en que con el nuevo decreto darán los "cauces" para denunciar los abusos o los encubrimientos pero ha precisado que "otro tipo de investigación" no es su "campo".
En este sentido, ha precisado que, precisamente por el modo de proceder en el pasado, con la idea de "lavar los trapos sucios en casa", es "raro" que se pusieran por escrito estas denuncias. "Hemos mirado en nuestros archivos secretos y no hemos encontrado nada", ha precisado en referencia a su diócesis, la de Valladolid.
DE CARA A LAS ELECCIONES GENERALES
Por otro lado, preguntado por VOX, el portavoz de los obispos ha asegurado que no ven con "simpatía" que alguien "se autodetermine como referente de un partido cristiano". Además, ha recordado los principios básicos que para los obispos debería defender el partido que sea elegido en las próximas elecciones generales del 28 de abril, como son: la defensa de la vida, la solidaridad con los pobres y la búsqueda del bien común.
Precisamente, este jueves 4 de abril, Argüello publicó un artículo de opinión en la revista de la Conferencia Episcopal 'Ecclesia' con diez orientaciones para los votantes católicos de cara a las elecciones. Entre otras, el secretario general de los obispos invita a los españoles a favorecer con su voto la "cultura del encuentro" y se opone al "derecho a decidir" en Cataluña porque considera que "no es moralmente legítimo".
"Tanto en el campo de la identidad nacional como en el de la identidad personal, el llamado 'derecho a decidir' no es moralmente legítimo en sí mismo, pues supondría la absolutización de la voluntad de poder desvinculada de la moralidad del contenido de la decisión y del marco social e institucional donde se toman las decisiones", subraya.
Por otro lado, el obispo también invita en su artículo a sopesar que el partido político al que se va a votar defienda el matrimonio entre hombre y mujer y no defienda la equiparación de los animales a los humanos en dignidad y derechos.
"Es importante una comprensión antropológica respetuosa del significado esponsal de la diferencia sexual y su vínculo con la transmisión de la vida que impregne la educación y la acción social. Es preocupante la reducción de la persona a individuo de una especie animal más y la confusión entre el necesario respeto y cuidado de los animales y su incipiente equiparación en dignidad y derechos con la persona humana", subraya.
Entre las indicaciones del obispo también destaca el llamamiento a los votantes a sospesar que el partido político al que dirigen su papeleta promoverá políticas en contra del aborto y la eutanasia; mantendrá la subvención a los colegios concertados y la clase de religión; y protegerá la acogida e integración a los migrantes.
