PP de Toledo culpa al Gobierno de Castilla-La Mancha de la situación creada en el PAU del Cristo de la Vega

Actualizado: sábado, 20 septiembre 2008 18:45

TOLEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo consideró hoy que el Gobierno de Castilla-La Mancha es el único culpable de la situación creada en el PAU del Cristo de la Vega, donde ha sido denegada la licencia de obra de urbanización y reparcelación por parte de la Junta de Gobierno Local.

La concejal del PP, María Paz Ruiz, declaró en nota de prensa que "una vez revisado el expediente y comprobar que la denegación no se debe a la falta de informes en la tramitación, sino al contenido del informe de la Dirección General de Patrimonio recibido en julio, que se opone claramente al proyecto de urbanización y reparcelación, es palpable que el único responsable de la situación creada ha sido la Junta".

Ruiz afirmó que "estamos cansados de que el el portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Perezagua, acuse al Gobierno municipal anterior del PP de ineficacia en la gestión y toma de decisiones cuando las competencias corresponden a la Dirección General de Patrimonio, perteneciente a la Consejería de Cultura, y no al Ayuntamiento que no tiene ninguna competencia".

Asimismo aclaró que "si el equipo de Gobierno tramitó este PAU fue porque se trataba de suelo urbanizable, con una normas urbanísticas para la construcción de viviendas, como muy bien conocía la Consejería de Urbanismo y Vivienda, cuya administración era uno de los propietarios del suelo de ese PAU. Un PAU que Patrimonio indicó, en la aprobación, que se hicieran las catas arqueológicas como marcaba la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha".

"Si la Dirección General de Patrimonio tenía tan clara la importancia patrimonial que había en la zona ¿por qué no incluyó en la incoación del expediente BIC de Vega Baja este PAU del Cristo de la Vega en noviembre de 2006?", se preguntó Ruiz.

Finalmente, recordó al alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, que como consejero de Urbanismo y Vivienda, y miembro del Gobierno de la Junta en legislaturas anteriores, aprobó la modificación puntual número 11 del POM de 1986, que afectaba a los terrenos de Vega Baja con el objetivo de desarrollar viviendas.