TOLEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz y vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, señaló hoy que "la justicia ha dejado las cosas claras, y desde luego, sería de dignidad de un político --en referencia a la presidenta regional del PP, María Dolores De Cospedal-- el reconocer que se ha equivocado y pedir perdón a los cuatro médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés, pero me temo que no lo va a hacer, por eso obtenemos el silencio por respuesta".
Asimismo, declaró que "en Castilla-La Mancha tenemos por costumbre la presunción de inocencia, porque es la justicia la que tiene que demostrar las pruebas para condenar a estas personas".
A preguntas de los medios en referencia a las misivas del PP de valorar la situación actual del caso, antes de la entrega del Premio Latinidad 2007 celebrado en el Palacio del Cardenal Lorenzana de Toledo, Lamata señaló que "no me extraña que el PP, con su habitual actitud, no quiera contestar a preguntas sobre este tema"
Recordó cuando el SESCAM contrató a los cuatro profesionales "inocentes" que habían sido expulsados del Hospital Severo Ochoa de Leganés, "el PP criticó que hubiésemos contratado a estos profesionales y se preguntó si tenía que ver conmigo, cuando fui secretario del Ministerio de Sanidad durante el conflicto".
Sólo tenía que ver, señaló, que eran cuatro profesionales que venían a hacer su trabajo, "pero el PP presionó y persiguió para que no se contratara a estas personas".
"Pero ahora la justicia ha dejado las cosas claras", expresó Lamata, quien indicó que "no se ha demostrado ninguna relación de su actuación con la muerte de personas, aunque el Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, donde estaba De Cospedal por aquel entonces, ha hecho mucho daño".
Recordó que De Cospedal también estuvo presente cuando el PP de Castilla-La Mancha "nos presionaba a nosotros por contratar a estas personas" y agregó que "estos profesionales hacían su trabajo, y la actuación del Gobierno de Aguirre, así como la presión que ejercieron para que no se contratasen aquí fue, en todo momento, para que no se pudiesen hacer sedaciones paliativas a enfermos terminales".
Esta persecución se tradujo, en opinión de Lamata, "en que muchos médicos de Madrid tuvieran miedo a realizar dichas prácticas por si los metían en la cárcel, y se tradujo en sufrimiento a muchos pacientes, a sus familiares y en un desprestigio al hospital Severo Ochoa", concluyó.
