TOLEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha decidido, por unanimidad, denunciar ante la Fiscalía de la Audiencia de Toledo, el incumplimiento parcial de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 19 de diciembre de 2001, que consideraba nula y no ajustada a derecho la resolución del proceso de selección de personal laboral para el Consejo Económico y Social (CES).
Tras esa resolución del Tribunal Superior, el Consejo Económico y Social se limitó a rescindir el contrato de dos de las personas afectadas, mientras que a las otras se les realizó un contrato de interinidad como secretaria del presidente y administrativo, continuando en esos puestos hasta el día de la fecha, informó el sindicato en un comunicado.
Con ello, apuntó, perjudicaron "claramente las legítimas aspiraciones de otros trabajadores y vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la función pública, amparados por la igualdad, el mérito y la capacidad".
Ante la insistencia de la Junta de Personal por solucionar la situación creada y eliminar la temporalidad en esos puestos, así como si se había producido un nuevo proceso selectivo para cubrir esas plazas, y "ante el silencio administrativo", la Junta de Personal ha denunciado esta situación que viene manteniéndose inalterable desde el año 1998, a pesar de que la oferta de contrato temporal del año 2001 lo era hasta que esos puestos fuesen cubiertos por el procedimiento legalmente establecido.
Según la Junta de Personal, a pesar de tratarse de un órgano encargado de asesorar a la Comunidad Autónoma en materia económica, social y laboral, las irregularidades en el CES no solo se mantienen sino que, desde la sentencia "no se ha producido ninguna oferta de empleo, ni convocatoria de proceso selectivo, ni convocatoria de bolsa de trabajo para cubrir esas plazas que, curiosamente, vuelven a aparecer en la dotación de personal para el año 2008".
Por todo ello, desde la Junta de Personal de los Servicios Centrales ha decidido elevar a la Fiscalía de la provincia de Toledo la denuncia sobre una irregularidad "que merece ser resuelta cuanto antes".
