TOLEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
UGT Castilla-La Mancha prosigue con el proceso judicial que ha iniciado contra el recorte salarial de los empleados públicos, un ataque "radical" efectuado tanto por el Gobierno de la nación, que promulgó el Real Decreto Ley contra el incremento salarial de este colectivo, como por el de Castilla-La Mancha, que ha secundado esta "agresión".
Y es que según ha explicado en rueda de prensa el responsable de los servicios jurídicos regionales de UGT, Julio Prudenciano, la pasada semana se ha producido la formación del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) mediante sendas demandas en lo contencioso-administrativo, uno por el personal funcionario de la Junta de Comunidades, y otra por el personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
Por otra parte, UGT ha presentando, y el TSJCM ha admitido a trámite, el señalamiento de la demanda de conflicto colectivo que afecta al personal laboral de la Junta de Comunidades, ha indicado Prudenciano, que también ha explicado que el Gobierno regional ha sido emplazado a contestar por esas demandas, algo que todavía no ha hecho, y que el sindicato espera que haga a primero de año.
En los recursos presentados ante el alto tribunal castellano-manchego UGT hace valer el derecho del personal laboral, del estatutario y del funcionario a nivel regional, y pone en tela de juicio la "constitucionalidad" de las medidas de ambos ejecutivos, pues "atenta contra el núcleo de los derechos fundamentales".
Según han estimado los responsables de UGT, este acuerdo afecta a cerca de 43.000 trabajadores públicos de la región, de los que más de 7.000 son personal laboral, 11.200 personal funcionario, y en torno a 26.000 personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Es por ello que confían en que el Tribunal Superior de Justicia remita estos recursos al Tribunal Constitucional, como ya ha hecho la Audiencia Nacional.
Por su parte, la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Mari Carmen Campoy, ha insistido en que los empleados públicos no se niegan a "arrimar el hombro" para "entre todos" poder salir de la crisis, pero si ha remarcado que las medidas que se adopten para ello han de ser "conformes a derecho", y no "atentados" no solo contra la Constitución, sino contra el Estado de Derecho.
Y es que, según han puntualizado, se está "maltratando" a un sector que se debería de mimar, porque garantiza la prestación de servicio del 80 por ciento de la población.
Preguntada sobre la posibilidad de que los sindicatos convoquen de nuevo una huelga general, esta vez por la intención del Gobierno de retrasar la edad de jubilación, Campoy ha precisado que aunque todavía no hay información cierta, sino muchos rumores, ha alertado de que los sindicatos iniciarán las "acciones oportunas" en caso de que el Gobierno vuelva a actuar a fuerza de "decretazo".
