VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las acusaciones en el caso del letrado vallisoletano A.P.F.M, juzgado por estafar a distintos clientes en 2014, han solicitado hoy penas que oscilan entre dos años y medio de cárcel, en el caso del fiscal, y ocho años de prisión, tal y como interesa una de las particulares, junto con su inhabilitación profesional durante el tiempo de la condena, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La segunda jornada del juicio, después de la celebrada el pasado día 29 de octubre y de que la siguiente quedara suspendida ante una indisposición del acusado, que pasó por Urgencias del Río Hortega, ha servido para conocer las peticiones definitivas de los acusadores público y particulares, que han aplicado rebajas al retirar en el primer caso la agravante de aprovechamiento de la credibilidad empresarial y el delito de falsedad en documento privado, cargo este último también excluido por los letrados de los afectados.
Ello ha motivado que las condenas de entre cinco y diez años a las que se enfrentaba inicialmente el abogado A.P.F.M. quedaran reducidas a una posible pena de entre dos años y medio, la más benigna, y ocho años de privación de libertad, como pide una de las acusaciones particulares.
EL INFORME DEL ACUSADO, MAÑANA
El encausado, que se defiende a sí mismo, tendrá la oportunidad de solicitar su libre absolución este miércoles, cuando exponga su informe durante una alocución que ha ya ha prometido larga, de no menos de una hora, aunque a posteriori contará igualmente con el derecho a la última palabra en calidad de acusado.
El abogado, a lo largo del proceso, ha mantenido su inocencia y recta actuación y en cambio ha atribuido las denuncias interpuestas contra su persona a una "conjura" urdida por los propios denunciantes y el Colegio de Abogados de Valladolid, creencia que le ha llevado a iniciar acciones no sólo contra estos últimos sino contra la letrada que ejerce una de las acusaciones particulares y contra la propia juez de Instrucción número 4.
Los hechos se remontan a 2014, año en el que distintas personas acudieron al despacho profesional de A.P.F.M. para que éste les representara en distintos pleitos, en uno de los casos para reclamar a un banco la supresión de una cláusula suelo, en otro para pedirle consejo respecto de una vivienda tras una separación matrimonial y en el tercer caso para consultarle sobre la posibilidad de una ejecución hipotecaria dado que el cliente no podía hacer frente al pago de las cuotas del préstamo.
LES DIJO QUE ERA UN MERO FORMALISMO
En los tres casos, las acusaciones sostienen que el abogado no sólo no realizó las tareas comprometidas sino que presentó a los denunciantes--una pareja y su hija, otro matrimonio y un quinto cliente--diversos documentos e insistió en que los firmaran, asegurándoles que era un mero formalismo, sin que la clientela se percatara de que de este modo figuraban como receptores de un crédito de 5.000 euros del acusado que nunca recibieron, junto con una serie de obligaciones en concepto de honorarios.
Entre esas obligaciones recogidas en los documentos, los clientes se veían obligados a entregar diferentes cantidades en concepto de honorarios, que devengarían de forma mensual, al tiempo que se pactaba un interés del 16 por ciento anual por las cantidades debidas al letrado en caso de impago, y junto a ello los afectados se comprometían también, si saberlo, a entregarle las cuantías que las entidades bancarias pudieran devolverles en el supuesto de que las cláusulas suelo fueran declaradas ilegales.
Los clientes, una vez en casa, se percataron del trasfondo de lo que habían firmado, una vez leídos con más atención los documentos, e intentaron la resolución de esos contratos, si bien, siempre según la acusación pública, el abogado encausado no sólo se negó a ello sino que les amenazó con ir contra ellos.
